Otros dos detenidos murieron a raíz del incendio ocurrido en la comisaría de la localidad bonaerense de Transradio, partido de Esteban Echeverría, por lo que ya suman seis las víctimas fatales, en tanto que otros ocho reclusos siguen internados, informaron fuentes judiciales y policiales.
Se trata de Miguel Ángel Sánchez (31) y Elías Soto (20), quienes se estaban alojados en grave estado en el hospital Santa Marina de Monte Grande, el primero porque había violado un arresto domiciliario que cumplía en una causa por robo, mientras que Soto estaba procesado por “robo calificado por el uso de armas y tenencia de arma de guerra”.
Sus muertes se sumaron a las de Jeremías Rodríguez Aaron (robo agravado); Eduardo Ocampo (59), preso por un homicidio agravado; Jorge Luis Ramírez (30) (estafa) y Juan Lavarda (59), quien tenía un pedido de captura.
El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 del jueves en la Comisaría Tercera de Esteban Echeverría, en momentos en que había un total de 27 detenidos distribuidos en tres calabozos “clausurados para alojar detenidos”, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria.
El imaginaria observó en el calabozo número 1 que dos presos estaban limando los barrotes de la reja para intentar una fuga, avisó a sus superiores y se montó un operativo para prevenir una evasión. Según la misma versión, los internos, molestos tras ser descubiertos, colocaron colchones y frazadas contra la puerta de ingreso y las rejas del calabozo y las quemaron.
Duro comunicado de jueces
Por otro lado, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense salieron a cruzar ayer las declaraciones adjudicadas a voceros del ministerio de Seguridad provincial, “en las que se afirma que ‘los jueces y fiscales del departamento judicial de Lomas de Zamora, pese a los reiterados requerimientos de las autoridades policiales, son quienes remiten los presos a las comisarías clausuradas por ellos mismos’”, calificando a esas expresiones como “mendaces, irresponsables e inaceptables”.
“Quien dispone los lugares de detención es el Poder Ejecutivo de la provincia, a través del Ministerio de Seguridad. En los mismos diarios se publica que ‘la seccional contaba con capacidad para alojar a 10 detenidos, aunque tenía prohibido hacerlo’”. En el mismo comunicado, los magistrados denunciaron que “la vocación de eludir la responsabilidad y las consecuencias de incumplir una orden judicial destinada precisamente a evitar situaciones trágicas como las vividas recientemente en la comisaría Tercera de Esteban Echeverría es correlativa con la de responsabilizar a los magistrados por la existencia de un ‘garantismo’ que crearía una ‘puerta giratoria’ mediante la cual los delincuentes quedan en libertad”.
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