Radares en rutas bonaerenses: ahora impulsan una prórroga

La iniciativa presentada por el presidente del bloque de senadores radicales, Jesús Porrúa, propicia la prórroga por el término de 240 días de los artículos 1º y 2º de la ley 13.412, que suspenden en el ámbito bonaerense «la aplicación de todo sistema de detección y/o comprobación, automática o semiautomática, fotográfica o no, manual o no, de infracciones de tránsito por exceso de velocidad».

El proyecto se contrapone con la idea del Ejecutivo provincial que contempla la reforma al Código de Tránsito, para proceder a la reinstalación de radares en rutas y caminos bonaerenses. Entre las principales modificaciones impulsadas en la iniciativa que fue anunciada recientemente por el ministro Arslanián, que aún no fue presentada a la Legislatura, se contempla notificar al conductor dentro de la traza e inhabilitar a quien reitere las infracciones por exceso de velocidad.

Esas contravenciones estarán contenidas en un registro de antecedentes de infractores viales y, según anticipó el titular de Seguridad, la Provincia intentará sostener el sistema de multas para proceder a la inhabilitación del conductor que reitere la falta.

Argumentos desde la oposición

En tanto, en los fundamentos del proyecto presentado por Porrúa, el legislador señala que «evidentemente es necesario realizar un profundo análisis de la situación generada por los llamados ‘controles de velocidad de los automotores’ que circulan por las rutas y autopistas de la provincia de Buenos Aires, con el objeto de evitar los innumerables abusos que se cometen en nombre de la prevención de accidentes».

Considera en ese sentido que «resulta indispensable instrumentar un sistema que priorice la búsqueda de la seguridad del tránsito, por encima del logro de la recaudación a través de los ciudadanos bonaerenses».

El legislador asegura que «la detección fotográfica no impide el ‘riesgo inmediato’, ya que no existe el control que corrija la conducta del automovilista al momento de la infracción».

Además, sostiene que «este control por si solo no implica la solución para los accidentes viales, ya que las rutas, por el estado de deterioro en que se encuentra la mayoría, son el principal factor de riesgo».

La iniciativa presentada en el Senado se suma al rechazo del Concejo Deliberante de Mar del Plata que, a través de un proyecto aprobado en la última sesión, le reclamó al gobernador Solá y a los legisladores bonaerenses que se abstengan de volver a poner en marcha en la ruta 2 el sistema de radares, por considerar que «afectarán severamente la afluencia turística» a su ciudad.

Proyecto demorado

El gobernador Solá estuvo a punto de firmar un decreto en junio del año pasado que fijaba las condiciones de los futuros mecanismos de control, estableciendo que los tramos donde se realicen los controles deberían estar señalizados y que sería obligatorio exhibir un cartel en el que se informara de la existencia de un sistema de «fiscalización electrónica de velocidad». El decreto -redactado por el jefe de Policía Vial, Gastón Pérez-, determinaba que los controles serían realizados por inspectores en puestos de control y preveía que en las zonas rurales los sistemas estarían en «tramos rectos y a no menos de 300 metros de curvas, puentes, pasos a nivel, cruces viales y ferroviarios».

Además, obligaba a ubicar _a 10 kilómetros del puesto de control_ a otro inspector que tendría la misión de detener e informar al conductor de la infracción. La multa se labraría cuando se constatara un exceso mayor al 5% del límite establecido que, para los autos, sería 110 kilómetros por hora en ruta; 120 en semiautopista y 130 en autopistas.

En el caso de que los radares se instalaran en zonas urbanas, el decreto establecía que los agentes de control no podrían «perturbar el tránsito y provocar congestionamientos».

Los municipios quedaban autorizados para contratar empresas de provisión de los equipos, mantenimiento de los instrumentos y el envío de las cartas con las infracciones. Pero fijaba que no podrían privatizarse ni concesionarse los servicios de contralor directo; tarea que sólo podría realizar el inspector municipal o el policía vial. Este último aspecto instaló un debate en el gabinete bonaerense y al final se frenó la firma del decreto. Las dudas apuntaban a un eventual «rebrote de corrupción» en la Policía bonaerense, al dejar en manos de sus efectivos el control del sistema. Y se cuestionó internamente que, tal como estaba redactado, el decreto aparecía como una medida con fines recaudatorios, más que preventivos o educativos. Por ese motivo, finalmente el Gobernador decidió no firmar el decreto y le encargó a la subsecretaría de Seguridad la redacción de un nuevo proyecto que, en este caso, sería enviado próximamente a la Legislatura. Si bien no trascendieron detalles de la iniciativa, fuentes calificadas dijeron a este diario que seguiría los lineamientos del decreto, pero no dejaría en manos de la Policía el control del sistema, que prevería mecanismos de control automático o semiautomático. También se apuntaría a que los controles de velocidad no persigan un fin recaudatorio, sino de capacitación y prevención en seguridad vial. Así, se dispondría que la primera infracción no sea sancionada con multa, sino con una advertencia.