La reforma de la ley de alquileres en la Provincia parece una cuestión de tiempo. Los bloques del oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados bonaerense ya comenzaron a trabajar en la unificación de los diferentes proyectos que, con matices, apuntan todos a aliviar el peso de las condiciones que tienen que afrontar los inquilinos a la hora de firmar un contrato de alquiler o una renovación.
Si, como todo indica, hay acuerdo para homologar las distintas propuestas, la Cámara baja podría llevar el proyecto al recinto el próximo mes, para que el Senado lo refrende en la siguiente sesión. De esa forma, estiman en la Legislatura, las modificaciones podrían regir antes de fin de año, en medio de fuertes reclamos de los martilleros y las cámaras que nuclean a las inmobiliarias.
Los proyectos
El jueves pasado, legisladores de diferentes bloques de la oposición se reunieron en una jornada de debate en la Cámara de Diputados sobre la ley de alquileres, organizada por Rocío Giaccone. El encuentro, al que asistieron asociaciones de inquilinos de distintos puntos de la Provincia y el país, mostró juntos a referentes de distintas bancadas alineados detrás de la idea de una reforma cuya letra final todavía deberá ser consensuada. Al encuentro asistió el presidente del bloque massista Rubén Eslaiman y el diputado Ricardo Lissalde, titular de la Comisión de Asociaciones, Federaciones y Colegios Profesionales. Además, estaba el diputado Juan Manuel Cheppi, del bloque del PJ y enviaron adhesiones desde Unidad Ciudadana.
El debate se concentrará en la comisión que preside Lissalde. Allí se trabajará para unificar las distintas propuestas en base al proyecto que llevará la firma de Giaccone por ser el más antiguo.
Todos los proyectos apuntan básicamente a modificar la ley que autoriza el cobro de gastos a las inmobiliarias, la 10.973 de martilleros y corredores públicos, que rige en la Provincia desde el año 1991. La norma dice en su artículo 54 que en los alquileres el importe de los honorarios a pagar es del 2% del valor del contrato a cada una de las partes, es decir, al propietario y el inquilino. Pero el artículo tiene una oración que es sujeta a una cuestionada interpretación por parte de las inmobiliarias, ya que dice: “pudiendo una de las partes asumir el monto total”. De esa forma, los costos son trasladados casi por entero a los inquilinos.
Ese es el punto central de todas las quejas de las asociaciones que los nuclean. “Nosotros no somos clientes de las inmobiliarias. Los clientes son los propietarios, que pueden acordar condiciones. Nosotros somos rehenes de lo que nos imponen”, dijeron representantes de los inquilinos en esa jornada de debate de la ley.
Sobre este punto, los proyectos difieren. El presentado por Rocío Giaccone propone que los costos no sean asumidos por los inquilinos, sino que sean trasladados casi por entero a los propietarios. En concreto, estipula que en los casos de alquileres, el martillero o corredor podrá cobrar, en concepto de honorarios, entre el 2 y el 4% del total de contrato al dueño de la vivienda, “no pudiéndose cargar” al inquilino “honorarios, ni gastos de gestiones vinculados al corretaje”.
El proyecto de Mosca, en tanto, establece que en las locaciones de inmuebles no podrán cobrarse comisiones inmobiliarias u honorarios por la intermediación o corretaje. La prohibición se extiende a los honorarios por administración de dichas locaciones. Tampoco podrá requerirse a los inquilinos los costos de gestoría de informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones.
En tanto, el massista Lissalde que preside la Comisión donde se debatirá la norma, propone agregarle un pasaje para que dispongan honorarios “especialmente bajos” para los casos de renovación de contratos. “Cuando se trate de renovación de contrato con idéntico objeto y partes la comisión sea mínima porque los gastos también lo son, apenas imprimir los contratos. Las inmobiliarias hasta se ahorran los costos de tener que publicitar”, destaca el massista.
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