La Defensoría de Casación Penal bonaerense solicitó ante la Legislatura de la provincia de Buenos Aires la creación de un comité contra la tortura y la puesta en funcionamiento de la Policía Judicial, como medidas para reducir los malos tratos en las cárceles.
Al exponer ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja bonaerense, Mario Cariolano, que preside la Defensoría de Casación Penal, dio a conocer el último informe, difundido en julio de 2017, dando cuenta sobre que el año pasado se registraron 682 casos de torturas y tratos inhumanos, cometidos por efectivos policiales o agentes penitenciarios.
El relevamiento detalla que el total de denuncias llega a 733 cuando se le suman los indicadores "agravamiento de las condiciones de detención", "causa fraguada/prueba falsa" y "obstaculización de la defensa".
En todas las fuerzas
Del total de los 682 hechos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 456 fueron cometidos por policías, 163 por penitenciarios y 63 por agentes de otras instituciones.
La modalidad más repetida detectada el año pasado por la Policía fueron golpes (383 casos); mientras que se relevaron 5 casos de asfixia, 6 de quemaduras, 2 de picana, 1 de abuso sexual y 7 de agresiones con proyectiles.
En cuanto a los casos del Servicio Penitenciario Bonaerense, la modalidad más repetida son los golpes (119 casos) y se detectaron 45 hechos de aislamiento como modo de tortura, 5 de quemaduras, 1 de asfixia y 6 de agresiones con proyectiles.
Coriolano pidió a los diputados la conformación del Comité Provincial Contra la Tortura, que a nivel nacional fue creado por la Ley 26.827 en 2012, pero recién se puso en funcionamiento en diciembre pasado.
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