La administración vidalista apunta a reducir la planta de personal con retiros voluntarios.
La administración vidalista apunta a reducir la planta de personal con retiros voluntarios.
FUE PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL

Polémica por los retiros voluntarios

Entró en vigencia el decreto que busca reducir la planta de personal en la administración bonaerense, pero los gremios rechazan la medida.

El sistema de retiros voluntarios para los empleados de la administración pública bonaerense, a quienes el gobierno provincial ofrece el pago de una suma fija y cuotas a partir de una antigüedad mínima de dos años para desvincularse del Estado, comenzó a regir a partir de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial.
Sin embargo, la medida impulsada por María Eugenia Vidal, que apunta a reducir la planta de personal y con ello disminuir las erogaciones salariales, es rechazada por los distintos gremios que nuclean a los trabajadores.
En ese sentido, el Secretario General de ATE y la CTA Autónoma, Oscar de Isasi remarcó que "este decreto debe enmarcarse en una sucesión de decisiones que perjudican a los trabajadores del Estado. Firma de paritarias con salarios a la baja, jubilaciones compulsivas, despidos y ahora los retiros voluntarios responden a un plan del gobierno que apunta a reducir la masa salarial y a precarizar las relaciones laborales".
El rechazo de los estatales se da en medio de los enfrentamientos por la negociación salarial y el intento de achique del Estado por parte de Cambiemos. "Como ya sucedió en los años ’90, los retiros voluntarios son una ilusión óptica para los trabajadores de cara al futuro, porque el dinero que agarran rápidamente se esfuma y no vuelven a conseguir un empleo. Son medidas clásicas de ajuste", recalcó Isasi.

Preocupación por el IPS
Desde los gremios, entienden que la reducción de la planta de empleados (despidos o retiros voluntarios) lleva indefectiblemente al deterioro de la caja previsional bonaerense.
En esa misma línea, agregan que los nuevos contratos de los empleados estatales, se hacen bajo la modalidad de “autónomo” y aportan a la caja de ANSES, mermando los actuales y futuros ingresos a las arcas del IPS.
Los directores gremiales del IPS expresaron estas preocupaciones en un documento reciente. “Durante más de 70 años, el IPS ha sostenido las jubilaciones y las pensiones de la gran mayoría de los trabajadores de la Provincia” explicaron.
Y en otro pasaje el mencionado documento agrega: “la política compulsiva de jubilaciones masivas y ceses de oficio que viene generando el Gobierno” y el ingreso de contratados que aportan al Anses, y que “han provocado un preocupante desfinanciamiento”.

“Como ya sucedió en los años ’90, los retiros voluntarios son una ilusión óptica para los trabajadores de cara al futuro, porque el dinero que agarran rápidamente se esfuma y no vuelven a conseguir un empleo".

Qué dice el decreto
A través del decreto 465, el gobierno bonaerense establece que “podrán optar por el retiro voluntario todos aquellos agentes que revisten en las plantas permanentes con estabilidad, que cuenten con una antigüedad de dos años o más e inferior a los 24 años en la administración pública y le faltaren más de cinco años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
La medida también contempla que “la Administración podrá denegar la solicitud cuando, a su juicio, el retiro del agente afectare el regular funcionamiento del área o el sector en que se desempeñe” y no abarca al personal policial ni del Servicio Penitenciario.
Según el decreto, el plazo para adherir al programa de retiro será de seis meses contados a partir del viernes último, “pudiendo ser prorrogado por igual período por la autoridad de aplicación”.
El pago convenido en el retiro se efectuará mediante un sistema de un abono inicial en el momento de la baja y “cuotas mensuales, iguales y consecutivas”.
Así, determina que entre 2 y 5 años de antigüedad percibirán 10 cuotas, las primeras cuatro en el momento de la baja y las restantes en 6 meses consecutivos; entre 6 y 7 años de antigüedad serán 15 cuotas en total, 6 iniciales y 9 mensuales.
Quienes tengan entre 8 y 9 años de antigüedad las cuotas serán 20, 8 al momento de la baja y 12 mensuales; entre 10 y 11 años de antigüedad 24 cuotas, 10 en el momento de la baja y las restantes 14 de manera mensual y los de más de 12 años de antigüedad tendrán acceso al cobro de 30 cuotas, 12 cuando se retiren y 18 mensuales.

Cálculo de cuotas
“Las cuotas a percibir en el momento del cese se calcularán y abonarán en base a la remuneración mensual normal y habitual bruta de cada agente y para las restantes se tomará como base la remuneración mensual normal y habitual neta percibida por cada agente luego de efectuadas las deducciones legales”, consigna la iniciativa.
Para el cálculo, se tomará la mejor remuneración que el agente haya percibido en los seis meses anteriores a la baja, sin contar viáticos, horas extras, aguinaldo y otras remuneraciones no habituales en el pago mensual.
Establece además que quienes adhieran a estos retiros quedarán inhabilitados por cinco años para reincorporarse a un empleo de la administración pública provincial.
Por otra parte, el decreto consigna que los agentes que se retiren contarán con la cobertura del IOMA por un período de dos años contados a partir del cese.
La decisión de abrir retiros voluntarios en la Provincia significa de parte de la gobernadora María Eugenia Vidal adherir a una medida nacional que dictó hace poco más de un mes el gobierno de Mauricio Macri.
Si bien la medida no obliga a los trabajadores a retirarse, apunta a reducir la planta de empleados públicos. Y se enmarca en el proceso de reducción de gastos en que está embarcado el Gobierno nacional y al que se viene sumando Vidal.
Desde que asumió, Vidal dispuso una serie de medidas que apuntaron a ponerle freno al crecimiento de la planta de personal. Una de las primeras fue el congelamiento de vacantes a través de un decreto, apenas iniciada la gestión. La segunda, en plena marcha, es la jubilación de empleados y docentes. Este año, por caso, se prevé el retiro de casi 30 mil trabajadores.

Apuntan a 30.000 bajas

Mientras los gremios estatales están en pie de guerra, en el gobierno bonaerense tienen una primera estimación del número de empleados estatales que podría terminar sumándose a los retiros voluntarios. Por estas horas se habla de que unos 12 mil agentes podrían dejar la administración pública para cobrar las indemnizaciones que establece el mecanismo oficial.
La Provincia cuenta con cerca de 380 mil docentes y unos 290 mil agentes policiales, penitenciarios, administrativos y personal de Salud.
Apenas asumió, el gobierno de Cambiemos habló de una planta “sobredimensionada” de personal y puso en marcha una serie de medidas para reducirla. En primera instancia, resolvió congelar los ingresos a la administración pública. Pero además, impulsó la jubilación de aquellos agentes que estaban en condiciones de retirarse. Por caso, en 2017 fueron jubilados cerca de 25 mil empleados y docentes y se espera que este año esa cifra se eleve a 30 mil.

COMENTARIOS