El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, Oscar De Isassi, aseguró que la apertura de retiros voluntarios optativos para los empleados de la administración pública provincial impulsada por la Gobernación, "es parte del ajuste sobre los estatales".
"Esta es una manifestación más del ajuste feroz que se está desatando sobre la clase trabajadora y la rechazamos de plano", analizó De Isassi, quien entendió que se trata de "un combo para reducir masa salarial y achicar gasto público en términos de personal".
El pronunciamiento gremial surgió al conocerse que el gobierno de María Eugenia Vidal dispuso abrir un registro de retiros voluntarios, con el objetivo de reducir el plantel de personal. La medida, que en principio regirá por seis meses, incluirá a empleados de la planta permanente pero no alcanzará a la Policía ni a los agentes del Servicio Penitenciario.
En este sentido, el dirigente gremial consideró que se trata de "la clásica ecuación del ajuste", la vinculó con las políticas "de los '90", y opinó que la medida "genera falsas expectativas".
"Intentan hacerles creer que se van y con ese subsidio van a poder ponerse un comercio o mantenerse hasta conseguir otro trabajo cuando, en realidad, el que pone un comercio luego lo tiene que cerrar y el que tiene buscar trabajo, no lo encuentra", aseveró De Isasi.
"Tiene que ver con la línea de trabajo de Mauricio Macri y de Cambiemos en general. Son cuatro términos: paritarias a la baja, despidos masivos, jubilaciones compulsivas y, ahora, retiros voluntarios", analizó el titular de ATE en el distrito bonaerenses.
Mientras los gremios estatales están en pie de guerra, en el gobierno bonaerense tienen una primera estimación del número de empleados estatales que podría terminarán sumándose a los retiros voluntarios. Por estas horas se habla de que unos 12 mil agentes podrían dejar la administración pública para cobrar las indemnizaciones que establece el mecanismo oficial.
La Provincia cuenta con cerca de 380 mil docentes y unos 290 mil agentes policiales, penitenciarios, administrativos y personal de Salud.
Apenas asumió, el gobierno de Cambiemos habló de una planta “sobredimensionada” de personal y puso en marcha una serie de medidas para reducirla. En primera instancia, resolvió congelar los ingresos a la administración pública. Pero además, impulsó la jubilación de aquellos agentes que estaban en condiciones de retirarse. Por caso, en 2017 fueron jubilados cerca de 25 mil empleados y docentes y se espera que este año esa cifra se eleve a 30 mil.
Ese achique es cuestionado por los sindicatos que ponen bajo la lupa el hecho de que la Provincia no contrate empleados públicos por el sistema habitual y que en cambio tome personal contratado que aporta a la Anses. “Así están desfinanciando al Instituto de Previsión”, se quejan los gremios.
Para reducir gastos
Con la mira puesta en reducir gastos, ahora la Provincia apuesta a los retiros voluntarios, al adherir a una medida adoptada hace unos meses por el Gobierno nacional. Si bien la medida no obliga a los trabajadores a retirarse, apunta a reducir la planta de empleados públicos. Y se enmarca en el proceso de achique de erogaciones del Estado en el que está embarcado el gobierno nacional y al que se sumará Vidal.
De acuerdo al decreto que será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial, estarán comprendidos en la medida todos los agentes que revisten en las plantas permanentes con estabilidad del Poder Ejecutivo, organismos de la administración centralizada y descentralizada. No están incluidos policías y penitenciarios, pero se faculta al director de Cultura y Educación a adherir a la medida con lo cual podrían quedar incorporados los docentes.
En su artículo 3º, el decreto establece que podrán optar por el retiro voluntario todos aquellos agentes que revisten las plantas permanentes con estabilidad que a la entrada en vigencia de este régimen registren una antigüedad de 2 años o más e inferior a los 24 años en la administración pública y le faltaren más de 5 años para acceder a la jubilación.
Escala indemnizatoria
De acuerdo a la iniciativa oficial, se establece un escala para la indemnización que cobrarán aquellos empleados que se acojan al régimen que contempla el pago en cuotas según la antigüedad de cada uno.
Así, por ejemplo, un agente con un antigüedad entre 2 y 5 años percibirá un pago inicial al momento de la baja de cuatro cuotas juntas. Y luego, percibirá 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Con una antigüedad entre 6 y 7 años, quien se retire cobrará un pago inicial de 6 cuotas y otras 9 mensuales. El total de cuotas será de 20 para quienes tengan entre 8 y 9 años de antigüedad; 24 para los de 10 y 11 años de empleo y de 30 para los de más de 12 años de antigüedad.
Sin embargo, esas cuotas no se calcularán de la misma forma. Las que se cobrarán al momento del retiro surgirán “en base a la remuneración mensual normal y habitual bruta de cada agente”. Para las restantes, en cambio, se tomará como base “la remuneración mensual normal y habitual neta percibida luego de efectuadas las deducciones legales”. De esta manera, las primeras serán más abultadas que las segundas.
También se establece que para el cálculo de la indemnización se deberá tomar la mejor remuneración mensual “normal y habitual percibida por el agente en los seis meses anteriores al acto administrativo que dispone la aceptación del retiro, incluyendo todos los conceptos de pago mensual, adicionales, bonificaciones y sumas no remunerativas”. Pero se excluyen las sumas percibidas en concepto de viáticos, horas extras y aguinaldo, además de “todo concepto de frecuencia de pago no mensual”.
Respecto de las cuotas, se establece que el pago inicial se realizará a los 30 días de la aceptación por parte del Estado del retiro voluntario. En tanto, las cuotas restantes se abonarán del siguiente modo: la primera al cuarto día hábil del mes siguiente y las demás en el mismo día de los meses posteriores hasta agotar las cuotas correspondientes a cada caso.
Por otra parte, el decreto consigna que los agentes que se retiren contarán con la cobertura del IOMA por un período de dos años contados a partir del cese.
Finalmente se dispone que el Instituto de la Administración Pública organizará programas de formación destinados a facilitar la reinserción de los adherentes en el ámbito de la actividad privada.
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