La Defensoría del Pueblo de la Provincia, a cargo de Guido Lorenzino, le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que rechace el dictamen de la Procuración General de la Nación, que dio luz verde al desembarco de Farmacity en territorio bonaerense.
“Desde hace tiempo se están dando una serie de maniobras que claramente benefician al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien fundó y dirigió la firma, y más allá de que anunció que se alejará de la empresa, sin dudas obtendrá ganancias ante el crecimiento que tendrá la compañía si la dejan instalarse”, advirtió Lorenzino.
Cabe destacar que el procurador interino, Eduardo Casal, dictaminó que uno de los artículos de la Ley de Farmacias que rige en la Provincia desde hace más de tres décadas es "inconstitucional" y de ese modo se abriría el espectro de las farmacias que pueden operar en el territorio.
La Ley provincial 10.606 establece que las farmacias son un “servicio de utilidad pública” y precisa en el artículo 14 que “se autorizará su instalación cuando la propiedad sea: de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de Sociedades integradas totalmente por profesionales habilitados; de hospitales públicos dependientes de la Nación, Provincia o Municipios; y de las Obras Sociales, Entidades Mutualistas y/o Gremiales”. Es decir, no permite que sociedades anónimas como Farmacity ingresen a competir con las anteriores mencionadas.
“Exigimos responsabilidad empresarial y que se respete la ley provincial. Reiteramos a la Corte que incorpore a nuestro organismo en el expediente con el fin de colaborar con la causa”, sentenció Lorenzino.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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