La Provincia jubiló de oficio a centenares de docentes y se abrió otro frente de conflicto
LA FEB DICE QUE LOS AFECTADOS SON MÁS DE 3.000 Y EL GOBIERNO HABLA DE 1.200

La Provincia jubiló de oficio a centenares de docentes y se abrió otro frente de conflicto

En medio de la puja salarial y de la denuncia gremial por un “ajuste” en educación, ayer se conoció la resolución.

El gobierno bonaerense publicó ayer en el Boletín Oficial una resolución por la que dispuso la jubilación de oficio de los docentes con 60 años de edad y 30 de servicio. Y se disparó la polémica. Si faltaba algún frente de conflicto entre la administración de María Eugenia Vidal y los gremios del sector, ya quedó abierto.

Desde la Federación de Educadores Bonaerenses (Feb) denunciaron que la dirección general de Educación “no realizó notificaciones previas” y que “al contrario de lo que sucedió en 2016, donde se apuntaba a los que cumplían tareas pasivas, ahora han cesado de la noche a la mañana a maestras y profesores que están al frente de aulas”.

Cabe recordar que a mediados de 2016, la resolución gubernamental generó un gran revuelo y fue frenada temporalmente por la Justicia.

En cuanto a la cantidad de docentes alcanzados por la resolución, así como al móvil de la misma, la discrepancia entre los gremios y el gobierno son enormes.

La voz oficial

Fuentes de la dirección general de Cultura y Educación aseguraron que “la resolución alcanza a 1.200 docentes que se encuentran 5 años por encima de la edad jubilatoria y de los años de servicio que se requieren para convertirse en pasivo”.

“Es por ello que la disposición habla de aquellos que alcanzaron los 60 años de edad y los 30 años de servicio”, añadieron.

Desde la cartera educativa, además, aseveraron que “el sesenta por ciento de esos 1.200 docentes ya inició el trámite jubilatorio por propia voluntad, de manera que el cese de oficio se cae automáticamente”.

Asimismo anticiparon que “con el tiempo irán apareciendo más casos como esos, de manera que se caerán otros ceses de oficio”.

Con esos datos en la mano, desde 13 y 56 concluyeron que las jubilaciones de oficio “no alcanzan a los 500 educadores”.

Desde la Feb, no sólo multiplicaron ese número varias veces sino que inscribieron a la medida “en el contexto de los recortes que viene llevando a cabo el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el sistema educativo”.

“Un recorte mas”

La encargada del área de jubilaciones de la Feb, Claudia Díaz, dijo a este diario que “no existió notificación alguna. Nos fuimos enterando y comenzamos a alertar a los docentes”, para remarcar que “la noticia generó una angustia muy grande, pues el cese de oficio implica cobrar un anticipo jubilatorio (hasta que el trámite administrativo se complete) de sólo el 60% del salario, sin aumentos, sin aguinaldo, sin obra social”.

Díaz subrayó que “un trámite jubilatorio solicitado por una maestra o profesor demora, en promedio, entre 3 y 4 años. De manera que, como mínimo, los docentes alcanzados por esta resolución estarían ese tiempo cobrando casi la mitad de su sueldo y sin recibir el sueldo anual complementario ni los incrementos de salario que perciban quienes se encuentran en actividad”.

La dirigente de la Federación de Educadores anticipó que los abogados de la entidad “ya están trabajando” para preparar una presentación judicial, que probablemente se concrete en conjunto con otras organizaciones gremiales.

El código docente

Claudia Díaz comentó que “entre los que fueron alcanzados por la sorpresiva resolución del gobierno hay muchos profesores”, y advirtió sobre “el riesgo que implica eso a la hora de generar el código docente”.

Explicó que el código docente es aquel en el que figura la carrera del trabajador y la jubilación que le corresponde.

Y apuntó que “como los profesores trabajan en varias escuelas, y además han sufrido numerosos cambios a raíz de las sucesivas modificaciones en el sistema educativo, corren un alto riesgo de que les generen mal el código”, lo que provocaría que el proceso se estire aún más en el tiempo.

Desde las organizaciones sindicales no sólo ven la resolución como “un recorte más de todos los que está haciendo la gobernadora Vidal en educación”, sino que apuntan a la intención del Ejecutivo de modificar el régimen jubilatorio para el sector, iniciativa que por el momento está en punto muerto.

“Que lleguen al Instituto de Previsión Social (IPS) alrededor de 3.000 altas de golpe, le dará al gobierno más motivos para decir que el organismo está en problemas”, dejaron caer en la Feb.

En relación a la demora en los trámites jubilatorios, en el Boletín Oficial de ayer el gobierno la reconoció al publicar otra resolución donde dice que “frente a la preocupante dilación de los tiempos del desarrollo del procedimiento administrativo, en particular en lo relativo a los trámites jubilatorios, (la cartera educativa) se encuentra abocada a la más pronta solución de las solicitudes y peticiones que se hallan en trámite”.

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