Internamente, en el gobierno de María Eugenia Vidal ronda una máxima respecto a la negociación salarial con los docentes: no habrá una oferta mayor al 15% de aumento anual y no se propondrá la ya famosa “cláusula gatillo” de actualización. “No tenemos margen para más”, explican desde el oficialismo. Se refieren a que ese es el compromiso que tomó la gobernadora con la Casa Rosada y, al menos por ahora, piensa respetarlo a rajatabla.
“Salvo que nos suelten un poco más las riendas desde Nación, no podemos ofrecer más del 15%”, aseguran en Educación. Los gremios docentes aspiran a un 20% de aumento de mínima, dado que sus técnicos estiman para este año una inflación no menor al 23%.
La tozudez del gobierno provincial respecto a la actualización automática que supone esa cláusula responde a que el vidalismo acepta como propio el argumento que desde la Nación esgrimen para no aplicarla: se trata de una herramienta que, por definición, ayuda a indexar la economía. Es, justamente, lo que no quiere la Casa Rosada, encorsetada en una lucha contra la inflación que parece ir perdiendo. Y es la pérdida de poder adquisitivo del salario que supone la inflación, lo que lleva a los sindicatos a pedir la cláusula automática que emparde sueldos con precios.
Lo ideal para la lógica del gobierno bonaerense, probablemente de lo que se hable en la reunión de hoy entre las partes, es ofrecer un 15% de aumento -esa es la pauta oficial de inflación fijada por el Banco Central- y una “revisión” obligatoria en el mes de septiembre, donde se evaluaría la evolución de la inflación y, llegado el caso de que se constate una pérdida de poder adquisitivo, se compensaría mejorando la oferta inicial.
Tal vez mañana los gremios escuchen que se oferte aumentar el porcentaje en los dos tramos iniciales.
Es, en cierta forma, una cláusula gatillo. El detalle es que no es automática.
Los funcionarios de Vidal explicarán que “el compromiso” del gobierno “es y será” que “los trabajadores no pierdan poder adquisitivo”. Y sostendrán que, el mejor ejemplo de ellos, es justamente la paritaria del año pasado, en la que el oficialismo ofreció la cláusula gatillo con ese objetivo, mecanismo que terminó siendo celebrado por los sindicatos al punto de que este año son ellos, los gremios, los que lo piden.
“No los defraudamos antes con el compromiso de mantener el salario en los niveles de inflación, ¿por qué lo haríamos ahora?”, se preguntan a modo de explicación desde el vidalismo. Los sindicatos, de más está decirlo, desconfían de esa buena voluntad.
En esa línea, es probable que los docentes escuchen ofertas que busquen compensar el cambio de “gatillo” a “revisión”. Por ejemplo, un paquete de reconocimientos vinculados a otras peticiones históricas de los gremios que en cada discusión paritaria quedan en un segundo plano por la preeminencia de la cuestión estrictamente salarial.
Acaso se mejore la manera en que se propone la oferta de aumento: si en la primera conversación se propuso un 15% en tres tramos de 5%, tal vez hoy los sindicatos escuchen que ahora se oferta aumentar el porcentaje de los dos tramos iniciales. Y, siempre, la “revisión” en el noveno mes del año. Lo que supone, en cierta forma, tener abierta la paritaria durante gran parte de 2018.
En el medio de la paritaria, se coló la posibilidad de que se aceleren los tiempos de un incómodo expediente judicial: la investigación sobre una defraudación millonaria en el IOMA, durante la gestión de Daniel Scioli en la Provincia, que salpica a una dirigente del sindicato docente Suteba, cercana a Roberto Baradel (Patricia Nisembaum), y a un representante de UPCN (Luis Pérez), que responde a una de las personas más cercanas al histórico Carlos Quintana, entre otros implicados que eran miembros del directorio de la obra social.
La Asesoría General de Gobierno, un organismo de consulta del gobernador, recomendó recientemente separar a todos los involucrados de sus cargos en el IOMA mientras dure la investigación, en la que se trata de probar si las irregularidades fueron cometidas por empresas prestadores vinculadas a los dirigentes gremiales.
Sin embargo, según pudo saber este medio, extraoficialmente el gobierno provincial habría enviado mensajes conciliadores respecto a que no piensa influir para apurar los tiempos judiciales, bajo el argumento de que “se respeta la independencia de poderes”.
Los gremios, pues, pueden quedarse tranquilos: la causa está hace tiempo en el juzgado de instrucción correspondiente donde debe resolverse un planteo de nulidad impulsado por las partes interesadas.
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