La justicia penal bonaerense es el escenario de un cruce de acusaciones entre uno de los seis jueces de Garantías con asiento en La Plata, una ex empleada de este magistrado y un fiscal. El eje de la disputa es el supuesto pedido de coimas millonarias y manejos irregulares de la información vinculada con una causa que investiga una presunta defraudación a la obra social IOMA.
La información que trascendió en las últimas horas tenía que ver con una denuncia que el fiscal Jorge Paolini presentó en diciembre pasado ante el fiscal general Héctor Vogliolo, en virtud de una declaración que había formulado una ex empleada del juez Guillermo Atencio, Paola Alayo.
La mujer declaró que ese magistrado “pidió dinero a los imputados” en la causa 25932 del año 2012, que son cinco acusados (tres de ellos ex funcionarios) por supuestas maniobras fraudulentas a IOMA. Dijo que lo hizo “por intermedio suyo” para “favorecerlos” y por eso “había denegado en dos oportunidades los requerimientos de detención” que pidió el fiscal Paolini, a cargo de la instrucción de esa causa.
Declaró Alayo que “por indicación” del juez pidió “en varias oportunidades” dinero “a los imputados por intermedio de un sujeto que se hizo presente en la mesa de entradas del juzgado”, por una suma que rondaría “el millón y medio de dólares”, aunque no especificó en su denuncia quiénes supuestamente aportaron el dinero, ni la identidad del hombre que concretaba la maniobra.
En definitiva, Paolini elevó esa declaración a Vogliolo, quien la derivó al fiscal que estaba en ese momento en turno, Marcelo Martini. Fuentes judiciales explicaron que Martini “se excusó de seguir actuando por una cuestión de amistad con el denunciado”, el juez de Garantías de La Plata, Jorge Moya Panisello, hizo lugar al planteo y la causa recayó en la fiscalía de Marcelo Romero.
Sin embargo, el expediente volvió a la Fiscalía General y ya tomó intervención la Procuración de la Suprema Corte bonaerense. Ante esa instancia elevó el juez Atencio su descargo.
“En ese contexto de actitud -cuándo menos-condescendiente, ya no es mucho el esfuerzo para percatarse de que el doctor Paolini urdió -por motivos que seguramente habrán de salir a la luz- su ultrajante libelo acusatorio en el que se perciben dos tramos claramente diferentes no obstante que, con torpe sutileza, los pretende amalgamar”, completa Atencio.
Argumenta, además, que “nadie -que no sea el doctor Paolini- puede dar por cierto que, de pronto, no solo me corrompí sino que lo hice abiertamente y encargándole la concreción de los pedidos de soborno -para mi exclusivo provecho- a una empleada a la que poco conocía y que poco después desafectara de la planta funcional de la Sede a mi cargo. Ello, a más de que no hayan quedado explicados cuáles fueron las razones por los que dócilmente obedeciera en lugar de haberme denunciado en el momento.”
Acompañó la presentación que originó el sumario administrativo a su ex empleada y el video obtenido con la cámara de su despacho.
La causa
La causa en el marco de la cual se habría producido el pedido de dinero se inició en el año 2012 y terminó con tres ex funcionarios procesados por asociación ilícita, acusados de comprar prótesis a una sola empresa, con una “licitación viciada” y pagando sobreprecios.
En agosto del año pasado Paolini pidió la detención para los tres, quienes cumplieron funciones en la Dirección General de Administración (DGA) de IOMA durante la gobernación de Daniel Scioli.
Se trata de Alejandro Fernández (ex director de DGA); Carlos Manuel Soberón, y Bernardo Rodríguez, procesados por asociación ilícita. También fueron imputados dos hombres vinculados con la empresa presuntamente ligada con la maniobra.
Paolini argumentó en su pedido de detención que los tres ex funcionarios habrían beneficiado, particularmente, a la Ortopedia Alemana, a través de trámites de excepción por los que el Directorio autorizaba la compra de VAC, un sistema de compactación y vacío continuo que se utiliza para tratar heridas por aspersión.
Recordemos que los trámites de excepción son la herramienta por las que se accede a las coberturas que no figuran en el nomenclador.
Según el fiscal, había elementos suficientes para sospechar que el llamado a licitación era direccionado a dicha empresa, sin convocar a otras.
Fuentes judiciales mencionaron que se detectaron 85 casos, con sobreprecios. De acuerdo a uno de los investigadores, las maniobras se habrían repetido en las sucursales que la empresa tiene en Capital Federal y La Plata. La causa avanzó fuerte a partir de 2016, cuando los investigadores pudieron acceder a documentación sensible que se habría retenido en dependencias clave de la obra social.
COMENTARIOS