La reorganización de la administración pública que debatirá la Legislatura cuando aborde el paquete de proyectos de ley enviado por el Poder Ejecutivo supone, según el relato del oficialismo, la búsqueda de un ahorro fiscal de unos 600 millones de pesos. Si se compara esa cifra con el total del presupuesto provincial (más de 600 mil millones), el ajuste puede sonar irrisorio.
No obstante, lo que busca María Eugenia Vidal es un golpe de fuerte impacto simbólico. Se trata de restarle gasto a “la política”, un gesto de austeridad en momentos en que, por otros carriles, se le pide a la ciudadanía el esfuerzo de volver a soportar un nuevo aumento de los servicios públicos.
Se supone que se eliminarán unos 220 cargos políticos (esto es, nombramientos atados a liderazgos coyunturales) y decenas de dependencias que, siempre según la información oficial, se superponen o cumplen funciones similares. Una lógica parecida, la del recorte de la política, se utilizó para limitar los gastos de las dos cámaras de la Legislatura que, según números oficiosos, deben tener unos mil empleados cada una.
Puede sonar contradictorio para algún desprevenido la noticia de que, a pesar de la idea de recorte que impulsa Vidal, se proponga la creación de un nuevo ministerio bonaerense: el de Asuntos Públicos.
Lo que busca Vidal es un golpe de fuerte impacto simbólico. Se trata de restarle gasto a ‘la política’, un gesto de austeridad en momentos en que, por otros carriles, se le pide a la ciudadanía el esfuerzo de volver a soportar un nuevo aumento de los servicios públicos.
Se trata, en verdad, del cambio de nombre de la actual Secretaría de Comunicación. Una forma de darle “más chapa” a esa dependencia para afrontar los segundos dos años de gestión de la gobernadora con el mandato de supervisar todos los contenidos que el gobierno quiera comunicar.
En cierto modo, y si así se decide con una óptica política, pasaría a ser la “cara” de la gestión. Es que las funciones del nuevo ministerio figura “la vocería del Poder Ejecutivo”. Asoma como una obsesión de la gobernadora evitar falencias en materia comunicacional de cara a la más que probable reelección.
Su titular será Federico Suárez, actual secretario del área y a quien ahora empezarán a llamar “ministro”. Es un joven especialista en el tema, un PRO puro discípulo político del jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, y que supo estar muy cerca del presidente Mauricio Macri cuando éste era alcalde de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras cosas, le escribía los discursos.
Suárez sale, en efecto, empoderado con este nuevo esquema, un dato que acaso no le agrade demasiado a ciertos funcionarios de histórica pero diplomática rispidez con él.
Uno de los puntos que había generado polémica cuando se rumoreaban los borradores del proyecto de reforma ministerial fue el destino de la Asesoría General de Gobierno, una dependencia que asiste al gobernador en materia legal y que tiene un estatus similar a los organismos de control. Pues eso cambiará.
Según el artículo 38 del proyecto la Asesoría continuará teniendo “rango ministerial” bajo la forma de un organismo descentralizado pero ahora dependiendo de la Secretaría de Legal y Técnica de la Gobernación. Para ser claros: al estar “su estructura y presupuesto” contenidos en Legal y Técnica será esta última dependencia la que maneje el dinero de la Asesoría.
Así, suma poder relativo la actual secretaria, María Fernanda Inza, poco conocida para el gran público pero una histórica del PRO. “Pondrá al DGA que lidiará con la Asesoría”, explican fuentes oficiales consultadas por este diario y en referencia al Director General de Administración. El dato no agrada a los empleados históricos, a quienes les prometieron que sufrirán modificaciones salariales. ¿Extensión de horario laboral tal vez? Es una posibilidad.
Gracias a los acuerdos financieros alcanzados con la Nación y el resto de las provincias, se prevén dos años en los que la gobernadora contará con mucho dinero extra para destinar a obras públicas, una de las grandes deudas bonaerenses.
¿Y quién manejará la Asesoría de Gobierno? Vidal designó allí a Patricio Blanco Ilari, quien era, justamente, el subsecretario de Legal y Técnica. En los hechos, el número dos de Inza. Antes se había desempeñado en Jefatura de Gabinete y antes de eso había manejado las cuestiones electorales del PRO dentro de la alianza Cambiemos.
Blanco Ilari –sería reemplazado por el funcionario Cristian Marti- asumió en lugar de Marcelo López Mesa, una abogado de no muy buena relación con Vidal que aparentemente se opuso al cambio de lógica en la Asesoría y terminó despedido. No es ilógico suponer que buscarán darle a la Asesoría un perfil más político que técnico, algo que es rechazado por los gremios del sector.
El otro cambio significativo, y que también generó polémica previa, es la creación del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), un ente descentralizado que dependerá de la jefatura de Gabinete. O sea que mandará allí Federico Salvai, el funcionario de mayor confianza de Vidal. Se anticipa desde el gobierno que la nueva dependencia será provista de generoso presupuesto.
Gracias a los acuerdos financieros alcanzados con la Nación y el resto de las provincias, se prevén dos años en los que la gobernadora contará con mucho dinero extra para destinar a obras públicas, una de las grandes deudas bonaerenses. El OPISU será clave, cuentan las fuentes, en el ambicioso objetivo que se ha trazado Vidal, tal vez su gran legado deseado: urbanizar las grandes villas de emergencia del Gran Buenos Aires, donde viven miles de familias. Una tarea, en cierto modo, “importada” desde el distrito porteño, donde gobierna su mentor político Horacio Rodríguez Larreta.
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