Cada vez hay más presos en las cárceles bonaerenses y esa superpoblación genera un clima explosivo puertas adentro. De acuerdo con datos oficiales, en mayo de 2016, en las 55 cárceles y las seis alcaidías departamentales del Servicio Penitenciario Bonaerense -el más grande de la Argentina, que aloja a la mitad de todos los presos del país- había 32.200 detenidos.
En diciembre de 2016 ya sumaban 34.392, repartidos entre los penales, con 33.698; y las alcaidías, con 694. Sin embargo, en la actualidad el total de detenidos alcanzó los 37.157, con 36.353 en cárceles y 624 en las alcaidías, según cifras oficiales del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
Es decir, que la población de las cárceles aumentó en 2.765 presos en apenas siete meses, cuando la tasa histórica de crecimiento era de 1.200 por año y se prevé que para fin de año esos lugares de alojamiento estén totalmente saturados.
Además, en los calabozos de las comisarías había, a mayo de 2016, otros 2.300 presos. Hoy hay 3.000 y existen denuncias para que los saquen de allí y los lleven a los penales, pero la falta de espacio limita la posibilidad de regularizar la situación.
El ministro Gustavo Ferrari busca alternativas para que el sistema no estalle, porque sabe que para que todo funcione, los presos tienen que vivir en las mejores condiciones posibles. Las que hay son malas, pero lo que se está buscando es que al menos tengan un colchón cada uno, coman todos los días y reciban los medicamentos que necesitan.
Requisas
Los resultados de las requisas sorprenden: desde enero a la fecha en revisiones internas hechas en celdas, pabellones y talleres se encontraron 6.938 facas y otras armas blancas, a un ritmo de casi 1.000 por mes. En los mismos procedimientos los guardias encontraron 1.083 “elementos contundentes” y nada menos que 13.364 teléfonos celulares.
La Corte apura a Vidal
Organizaciones locales reclamaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Lima, Perú, sobre la situación de las cárceles y calabozos de comisarías de la provincia de Buenos Aires. Concretamente, alertaron por el "agravamiento del sistema de encierro en los últimos años".
Como consecuencia directa de esa presentación, la Suprema Corte de Justicia requirió ahora a los ministros de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que, en un plazo de quince días, le presenten informes detallados y circunstanciados relativos a las "políticas, acciones y recursos destinados a la superación de los graves problemas generados por las deficientes condiciones de detención de las personas privadas de libertad", tanto en unidades penitenciarias como en comisarías.
"El hacinamiento en las cárceles y comisarías de la provincia llegó a niveles críticos. Las personas privadas de libertad viven en condiciones inhumanas y la atención sanitaria es nula, lo que provoca muertes evitables por enfermedades como VIH, tuberculosis o neumonías", denunciaron en Perú la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría de Casación.
La Suprema Corte entonces apura al gobierno de María Eugenia Vidal. En el exhorto a los ministerios señala la necesidad de contar con información y documentación concerniente a los "programas concretos de trabajo" sobre la problemática, y a Cristian Ritondo y Gustavo Ferrari, titulares de las carteras de Seguridad (a cargo de las comisarías) y Justicia (del Servicio Penitenciario), respectivamente, les recuerda los compromisos asumidos en una audiencia ante el Tribunal ocurrida el 16 de marzo pasado.
Además de la sobrepoblación y el hacinamiento, se denunciaron graves violaciones a los derechos humanos. "Las denuncias por falta de acceso a la salud, las condiciones estructurales que producen padecimientos como hambre, frío, aislamiento y alimentación deficiente, forman parte de las denuncias habituales de las personas privadas de libertad", reclamaron las organizaciones.
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