Por segunda vez en poco menos de un año, la jueza Marcela Garmendia ordenó la detención de los ocho ex jefes policiales imputados en la causa que se abrió en abril de 2016, con el hallazgo de 36 sobres con dinero en la Jefatura Departamental La Plata, supuestamente producto de recaudación ilegal mediante el cobro de coimas y “protección extra” a comerciantes de la región.
El viernes cerca de la medianoche, ya estaban detenidos seis de ellos: cinco se entregaron junto con su abogado y a otro lo detuvieron, mientras que los dos restantes planeaban ponerse a derecho en las próximas horas, según dijeron sus familiares a los policías que fueron a arrestarlos.
Todo esto sucedió después de que el fiscal a cargo de la causa, Marcelo Martini, instrumentó lo ordenado por la jueza sobre los ex policías Ariel Huck, Darío Camerini, Sebastián Cuenca, Rodolfo Carballo, Walter Skramowskyj, Sebastián Velázquez, Julio Sáenz y Raúl Frare (estos últimos dos son los que aún no fueron detenidos).
Los ocho están imputados de los delitos de “asociación ilícita, percepción de dádivas y concusión”, es decir, una exacción hecha por un funcionario en provecho propio.
La decisión que desencadenó las capturas de los jefes policiales fue un fallo de la Sala V del Tribunal de Casación Penal bonaerense -integrada por Martín Ordoqui y Jorge Celesia-, que ratificó la denegatoria a un pedido de eximición de prisión presentado, al inicio de las actuaciones, para los ocho procesados.
En base a este fallo, la jueza Garmendia ordenó por segunda vez la detención de los ex policías tras el inicio de la causa, el primero de abril de 2016, cuando se encontraron, dentro de la Jefatura Departamental La Plata, 153.700 pesos repartidos en 36 sobres con los nombres del remitente y el destinatario.
Voceros judiciales precisaron que la magistrada tiene el criterio de que una detención ordenada queda firme cuando los planteos de revisión de esa medida tienen el “doble conforme”; en este caso, de la Cámara Penal y Casación. De todas formas -agregaron- las defensas de los imputados adelantaron que recurrirán a la Corte bonaerense y si es necesario a la de la Nación, para que se revierta esta situación.
Juego, drogas y prostitución
En la causa, que ya fue elevada a juicio, se sospecha que el dinero hallado en los sobres provenía, en parte, de la recaudación ilegal vinculada con el juego, el narcotráfico y la prostitución.
La mayoría de los sobres estaban rotulados con los nombres de las comisarías y los jefes policiales a los que iba dirigido el dinero.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que advirtió al personal de Asuntos Internos que el por entonces jefe de la Departamental La Plata, Camerini, recaudaba mensualmente alrededor de 200.000 pesos de coimas.
La jueza Garmendia ordenó entonces la detención de nueve oficiales implicados, medida de coerción que confirmó la Cámara de Apelaciones de La Plata.
Al convalidar las órdenes de detención, la alzada dio por acreditado que los ex jefes policiales integraban “una organización con permanencia y estructura jerarquizada, con férreas normas de funcionamiento interno, donde el poder decisorio recae en la cúpula, quién además posee una multitud de medios y sujetos dispuestos para llevar a cabo sus fines”.
“Esa organización criminal se encuentra integrada con quien tenía los sobres en su despacho y en su escritorio (Skramowskyj, secretario de la Departamental), con sus jefes y quienes eran los destinatarios de los mismos (el jefe Camerini, Carballo y Huck) y con los distintos comisarios que los remitieron (jefes policiales de seccionales) junto con los jefes de calle y personal de confianza que se encargaban de recaudar el dinero producto de diversas actividades ilegales para girar el mismo hacia arriba de la pirámide jerárquica y en beneficio personal”, se explicó en la resolución.
En enero de este año, el Tribunal de Casación excarceló a los ocho policías detenidos (Frare volvió a estar preso meses después por la causa de los caranchos), mientras que el noveno, Federico Jurado, fue hallado muerto ese mismo mes en su celda de la Unidad 9.
La excarcelación fue objetada por la Suprema Corte de Justicia, que ordenó a Casación que resuelva la cuestión de fondo: si correspondía o no una eximición de prisión. La respuesta fue negativa y esto habilitó ayer a Garmendia para ordenar nuevamente las detenciones.
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