Revés judicial de Arba por el cobro de Ingresos Brutos

Así lo dispuso el tribunal compuesto por los jueces Gustavo Spacarotel, Gustavo De Santis y Claudia Milanta, que falló contra el fisco bonaerense y a favor del contribuyente José Luis Martínez quien promovió una demanda persiguiendo “obtener una decisión judicial que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre el procedimiento de cálculo que efectúa Arba en relación a la obligación fiscal de pago del anticipo al impuesto de Ingresos Brutos”.
Mediante el sistema denominado “Arbanet”, el organismo recaudador de la Provincia hace un cálculo de los anticipos que pagan los contribuyentes. Y en la presentación judicial, el demandante cuestionó que el mecanismo impide ejercer su derecho a defensa.
Martínez, según el fallo, “cuestiona la liquidación practicada de oficio por Arba del anticipo 01/09 -que asciende a la suma de $ 345,70- en base a información que tilda de incierta y arbitraria, cuyo monto resulta irracional, impidiéndole -de ese modo- ejercer su derecho de defensa, afectando los principios del debido y legítimo proceso administrativo, de certeza, de seguridad jurídica y legalidad tributaria”.
Ante ello, el juzgado el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Trenque Lauquen “resolvió ordenar a la demandada -Arba- que se abstenga de trabar medidas cautelares, de iniciar o proseguir juicios de apremio por los anticipos del impuesto sobre los Ingresos Brutos del actor, y demás anticipos que se devenguen con posterioridad a esa fecha, hasta tanto se le notifiquen los elementos considerados a los fines de la determinación sobre base cierta de dichas obligaciones”.

Apelación

Contra ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado bonaerense interpuso un recurso de apelación que fue denegado por la Cámara de Apelaciones señalando que “puede visualizarse que el procedimiento en crisis -conocido como Arbanet-, en su implementación y aplicación al caso, vulnera, prima facie, la garantía constitucional de defensa en juicio”.
Además, señala que la continuidad en la aplicación del sistema Arbanet “es susceptible de generar, en relación a la parte interesada, un estado de indefensión de tal envergadura, que sólo le quedaría la posibilidad de pagar y más tarde discutir si eventualmente pudo o no tener razón, omitiendo el efectivo ejercicio del derecho de defensa en sede administrativa”.