Preparan purga de agentes penitenciarios bonaerenses

El gobierno bonaerense dispuso extender hasta fin de año la declaración del Servicio Penitenciario en estado de emergencia; decisión que le permitirá continuar con la depuración de la fuerza. Y de esa manera, la separación de efectivos acusados por mal desempeño, actos de corrupción o malos tratos a los presos continuará en los próximos meses. Desde abril de 2004, cuando empezó a regir la emergencia, fueron desplazados del Servicio Penitenciario unos 200 efectivos. Y ayer fuentes del organismo indicaron que en los próximos días se dispondrán medidas similares para al menos otros 60 integrantes de la fuerza.

La última ley de emergencia fue aprobada por la Legislatura a fines de 2005 y se extendió por 6 meses con la opción a extenderla por un período similar. Y ayer se conoció un decreto del gobernador Felipe Solá que decidió prorrogar la medida que entonces regirá hasta el final de este año.

La decisión se adoptó para continuar con los objetivos de «transformar la estructura y optimizar los recursos humanos y materiales y garantizar la atención médica de la comunidad penitenciaria», según los informantes.

Concretamente, se indicó que aún «subsisten las causales que motivaron su declaración».

En el marco de la declaración de emergencia, además, está prevista la construcción de nuevas cárceles y nuevos módulos en las ya existentes para poner fin al hacinamiento en esas unidades, mientras que además se reformuló el manejo administrativo y sanitario «para transparentar el sistema». Pero además se produjo el desplazamiento de unos 200 efectivos acusados de diversas faltas graves e incluso de delitos.

También, de acuerdo a lo indicado por fuentes consultadas por este diario, la emergencia se extendió «para concluir con la elaboración del proyecto vinculado a la organización de la nueva carrera y organización de la fuerza que deberá ser girado a la Legislatura».

En el marco de la declaración de emergencia, se podrá transformar la estructura del Servicio Penitenciario, creando, modificando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones, asignando o reasignando las mismas.

Durante su vigencia, además, se podrán reasignar funciones, destinos, reglamentar las obligaciones, poner en disponibilidad simple, jubilar o pasar a retiro y declarar la prescindibilidad del personal del Servicio.

Cabe acotar que la prescindibilidad no podrá ser aplicada al personal que se halle en condiciones de acceder a retiro o jubilación. El personal declarado prescindible tendrá derecho al cobro de una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año. Sin embargo, esa compensación se perderá en el caso de los agentes sometidos a sumario administrativo o proceso penal, de los que pudieran resultar sanciones de cesantías o exoneración.