El máximo tribunal provincial dictó esta resolución al rechazar la medida cautelar que habían solicitado dos entidades -la Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense (Adesip) y el Centro Mutualista de Suboficiales y Agentes Retirados de la Policía de la Provincia (Cemurpo), en el marco de una demanda en la que plantearon la presunta inconstitucio-nalidad de la ley que permite al Poder Ejecutivo utilizar, para financiar el gasto corriente de la Administración provincial, el superávit del IPS, y pidieron la anulación de esa norma.
Ese mecanismo, que prevé que el Ejecutivo use esos fondos excedentes -surgidos de los aportes ju-bilatorios de los empleados públicos bonaerenses, y establece su devolución a través de la emisión de Letras de Tesorería en favor del IPS pagando un interés que, según la última emisión, ronda el 8% anual, es rechazado por diversos sectores de los empleados y jubilados del Estado provincial.
Varios de esos sectores, como el gremio de los docentes Feb, han efectuado presentaciones ante la Corte similares a la de las entidades sobre la que ahora se expidió el máximo tribunal provincial sentando un criterio frente a las diversas demandas.
RECHAZO UNA MEDIDA CAUTELAR
La Corte dio luz verde al uso de los fondos del IPS
La Suprema Corte de la Provincia resolvió que el Gobierno bonaerense puede seguir utilizando los fondos excedentes del Instituto de Previsión Social (IPS), hasta que el tribunal se expida sobre si es constitucional o no la norma a través de la cual la administración de Daniel Scioli dispuso el uso de esos recursos.
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