MAS PEAJES

El gobierno de Scioli concesionará rutas provinciales a la costa

El gobierno provincial envió a la Cámara de Diputados bonaerense el proyecto de ley que lo autoriza a convocar a licitación pública nacional para la explotación de la "red vial del atlántico", integrada por las rutas 2, 11, 56, 63 y 74.

El concesionario será autorizado a cobrar peaje en todo el corredor turístico para amortizar las obras de construcción, remodelación, mejoras, ampliación de capacidad, conservación y mantenimiento que deberá realizar para asegurar la adecuada circulación en las autovías.
La iniciativa establece que el plazo de la concesión será de 30 años y prevé que en los pliegos de licitación deberán volcarse los acuerdos a los que el gobierno bonaerense deberá llegar con los actuales concesionarios de las rutas 2 (Covisur) y 11 (Caminos del Atlántico) para rescindir los contratos, a quienes les quedan unos cinco años de explotación de las autovías pero argumentan que no pueden encarar las obras que reclama la Provincia.
A través del proyecto enviado a la Legislatura, se impulsa la creación de un "corredor integrado", con una concesión "unificada" que, según se afirma en los fundamentos de la iniciativa, "aseguraría la realización de importantes inversiones" y permitiría una "administración más eficiente e integral".
Para hacerse cargo del nuevo sistema, el interesado más firme sería Eduardo Eurnekian. El grupo que lidera este empresario es dueño de Aeropuertos Argentina 2000, el concesionario de la mayoría de las aeroestaciones del país y ya incursionó en el negocio vial, ya que es el encargado, a través de la Corporación América-Helport, de las obras de construcción, mantenimiento y explotación en concesión de la autopista que unirá las ciudades de Pilar y Pergamino.

Rescisión de contratos

Además de las rutas 2, 11, 56, 63 y 74, la concesión podrá incluir "rutas vinculadas físicamente, en forma directa o indirecta" (entre ellas la 36), teniendo en cuenta "el crecimiento del tránsito, las necesidades de desarrollo turístico, productivo, logístico, social y de seguridad vial".
En los fundamentos del proyecto de ley se señala la necesidad de "mejorar las condiciones de seguridad (vial) y acceso desde la capital federal a todas las ciudades y pueblos de la costa atlántica" y se destaca que la licitación impulsada "resulta una solución alternativa al proceso de adecuación contractual" iniciado con Covisur y Caminos del Atlántico.

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