EL FIN DE UN SISTEMA DE EMERGENCIA

Scioli quiere acabar con

"No quiero que trabajen con temor a que los vamos a rajar", argumentó.

Las sucesivas leyes de emergencia policial utilizadas desde mediados de 2004 para llevar adelante las purgas en la fuerza de seguridad bonaerense, llegarían a su fin en julio del próximo año. Así lo deslizó ayer el gobernador Daniel Scioli, al afirmar que no quiere que los efectivos "trabajen con temor a que los vamos a rajar". De este modo, los efectivos dejarían de estar en disponibilidad permanente como viene sucediendo desde hace cinco años.
Scioli adelantó, además, que le devolverá a la Policía bonaerense las viejas jerarquías que tenía hasta que se reformó el escalafón y se crearon nuevas categorías.
Se trata, en ambos casos, de medidas implementadas por la gestión que encabezó el ex ministro de Seguridad, León Arslanián. La emergencia policial rige desde mayo de 2004 y fue la herramienta legal a la que apeló el gobierno encabezado por Felipe Solá para realizar las purgas que eyectaron de la fuerza a más de 2.000 uniformados por diversas irregularidades en el ejercicio de su función. En muchos de esos casos fueron echados porque estaban siendo investigados por la Justicia por delitos graves.
El gobierno provincial tendría decidido dar por tierra con esa medida excepcional, a lo que se suma el retorno de las tradicionales jerarquías a la fuerza. A estas dos medidas hay que sumar otra decisión que adoptó Scioli antes de asumir: que la fuerza volviera a ser conducida por un uniformado, en este caso, el superintendente Daniel Salcedo. Se trata de un conjunto de medidas que significan ir para atrás con varias de las reformas adoptadas por Arslanián.
La emergencia policial comprende los aspectos organizativos, funcionales, operativos y laborales de la Policía y tuvo como objetivo central "transformar la estructura" de la fuerza, "creando, modificando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones", con el fin de dotar a la fuerza de "la eficiencia debida para atender sus misiones fundamentales".
Con esta herramienta legal, el ministro de Seguridad quedó autorizado a "reasig-nar funciones y destinos a todo el personal" policial, así como también a reagruparlo, "propendiendo al fortalecimiento de la seguridad pública y a la integración de su personal en un marco de servicio eficiente".
Pero lo más importante para la gestión de Arslanián -al menos en los dos primeros años de gestión- fue que la ley consideraba a la declaración de emergencia como "causal suficiente para poner en disponibilidad o desafectar del servicio" al personal policial. Y apelando a ese instrumento, el ex ministro realizó varias purgas que dejaron un saldo de más de 2.000 efectivos echados. También hubo varios jubilados o pasados a retiro.

Larga vigencia

La emergencia policial fue prorrogada durante toda la gestión de Solá por sucesivas leyes y el actual gobernador también apeló a ese mecanismo y pidió una nueva prórroga que recién vence en julio de 2009. Pero Scioli ya anticipó que su intención sería poner fin a la utilización de ese sistema.
"No quiero que trabajen con temor a que los vamos a rajar", afirmó el Gobernador.
Scioli sostuvo que quiere "recuperar el orgullo y la autoestima de la institución de la Policía" y destacó que "sin policías no hay seguridad, y contra los policías, muchos menos". En un claro mensaje hacia dentro de la fuerza, agregó que "antes la Policía iba por un lado y el poder político por otro. Ya no".
Advirtió, finalmente, que "el que se equivoque se va a tener que ir a su casa. Yo les exijo el máximo compromiso".

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