EMITIÓ DOS RESOLUCIONES

La Suprema Corte reclama por el presupuesto judicial

El máximo tribunal bonaerense pide la concreción de obras inconclusas y remisión de partidas por gastos corrientes por 96 millones de pesos.

En medio del proceso de transición de gobierno en la Provincia, la Suprema Corte bonaerense emitió dos resoluciones en las que reclama al Poder Ejecutivo y Legislativo por el presupuesto para la administración de justicia.
Los dictámenes fueron difundidos a través de la página web del máximo tribunal y ponen el foco en la necesidad de autonomía para la gestión de los fondos por parte del Poder Judicial, así como el reclamo por obras inconclusas y partidas adeudadas de 2015 por parte del gobierno de Daniel Scioli.
La primera de las resoluciones reclama al Poder Legislativo el tratamiento de la ley de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera del Poder Judicial, que en acuerdo con el Poder Ejecutivo fue enviada a la Legislatura el año pasado y que permitiría a ese estamento la autogestión plena de sus recursos.
Por otra parte, en una segunda disposición la Suprema Corte se dirige al Poder Ejecutivo provincial, al que reclama tres cosas: en primer lugar, la concreción de obras de infraestructura inconclusas, en segundo término, la remisión de partidas para gastos corrientes por 96 millones de pesos y, en tercera instancia, la difusión de los lineamientos del proyecto de Presupuesto 2016 respecto de los fondos que se prevé destinar al Poder Judicial de la Provincia.
En el caso de las obras de infraestructura, el máximo tribunal que actualmente preside Juan Carlos Hitters pidió el impulso de las gestiones tendientes a concretar obras de infraestructura pendientes en distintos departamentos judiciales, en el marco de la emergencia edilicia del área que en distintas oportunidades viene prorrogando la Legislatura.
En ese sentido, el escrito hace referencia a 23 obras consideradas urgentes en distintos lugares de la Provincia.
Respecto de la remisión de partidas atrasadas de distintos meses de 2015, el documento muestra una deuda por parte del gobierno de Scioli de unos 96 millones de pesos que aún no fueron girados a ese poder para ser destinados a gastos corrientes.
Al respecto, la resolución indica que “es necesario contar con las remesas de los fondos asignados en tiempo oportuno, a fin de no comprometer el normal desarrollo del Poder Judicial”.
Y en esta transición de gobierno entre Daniel Scioli y María Eugenia Vidal, que además comprende una nueva composición en la Legislatura, la Corte pidió información sobre la elaboración del proyecto de Presupuesto 2016, para conocer qué partidas están previstas para el Poder Judicial.

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