Hablan de descontrol en los institutos bonaerenses

Una situación de graves deficiencias, que es definida como “crítica” en el propio gobierno provincial, se registra en los institutos de menores con causas penales de la Provincia; un cuadro en el que las fugas aparecen como una de las más preocupantes consecuencias de una combinación de factores que incluye hacinamiento, edificios precarios e insuficiencia de personal y que deriva en un estado de virtual descontrol.
Así lo señalaron ayer diversas fuentes calificadas, que aportaron además un dato inquietante: la existencia de “fugas reales” de menores, pero también de “fugas disfrazadas” bajo dos variantes: salidas que, en rigor, son “permitidas” o “indicadas” por funcionarios y que luego son registradas como evasiones; y la disposición de hecho de egresos que también son presentados como fugas en los casos de adolescentes violentos y conflictivos que no pueden ser controlados.
Las fuentes afirmaron que, “bajo cualquier variante”, las fugas de menores de los institutos, incluidos los de máxima seguridad, son frecuentes, mientras que desde el ministerio de Desarrollo Social se respondió ayer que no tenían información sobre la cantidad de evasiones registradas este año, aunque su titular, Daniel Arroyo, calificó de “crítica” la situación en estos centros donde son alojados, por orden judicial, los menores que han cometido o son sospechosos de la comisión de delitos penales.
El funcionamiento de esos institutos quedó bajo el foco de la atención pública en las últimas horas, a partir de la fuga de un centro de máxima seguridad ubicado en Pablo Nogués, en el norte del Conurbano, de tres menores, uno de ellos acusado de haber participado del asalto en el que fue asesinado en San Isidro el ingeniero Ricardo Barrenechea.
Y se reforzó ayer, cuando se conoció la evasión de un menor acusado de graves delitos de un instituto de Batán, cerca de Mar del Plata.

Egresos extrajudiciales

En rigor, un estado de graves déficit en el funcionamiento de los institutos de menores y en el control de su población ya había quedado en evidencia la semana pasada, cuando la Suprema Corte bonaerense envió una nota al gobernador Daniel Scioli, en la que expresó su “profunda preocupación” ante traslados y egresos de menores dispuestos por funcionarios de Desarrollo Social, cuando se trata de medidas que sólo pueden adoptar los jueces que entienden en las causas en que están involu-crados los internos.
Según cifras oficiales, en la Provincia hay actualmente 522 menores de 18 años alojados en institutos, en la siguiente proporción: 144 en centros cerrados (o de máxima seguridad), 228 en centros de recepción también de régimen cerrado y 150 en centros de contención bajo un sistema de “semilibertad”.
Hay, además, 1.838 adolescentes bajo “programas ambulatorios”, esto es, medidas alternativas a la privación de la libertad dispuestas por la Justicia penal.

“Producto de
la precariedad”

En este marco, quien fue desde diciembre último hasta anteayer director de Institutos Cerrados de la Provincia, Alejandro Blanco, afirmó en declaraciones públicas que la fuga de tres menores del instituto de Pablo Nogués, entre ellos -como se dijo- uno de los sospechosos del crimen de Barrenechea, “fue producto de la precariedad del sistema”.
Precisó que ese centro “está preparado para albergar a unos 70 chicos pero en el momento de la fuga había más de cien”, y afirmó que las deficiencias del lugar ya habían quedado expuestas hace ocho meses, cuando hubo una revuelta y un intento de motín de los menores y denunciaron “que las condiciones edilicias y la cantidad de personal no eran las adecuadas”.
El ahora ex funcionario -renunció el lunes, horas antes de la fuga en Nogués, junto con la titular de Minoridad, Martha Arriola- detalló en ese sentido que el instituto en cuestión tenía 24 empleados “cuando se necesitaban 160”, y subrayó que el personal de los institutos, aún los guardias de los de régimen cerrado, no están armados.
Blanco también dijo que “la falta de personal en el instituto es un problema que viene de la administración anterior y es un hecho evidente para todos”, afirmando que cuando comenzó la actual gestión “pedimos a gritos más centros de asistencia y la contratación de 150 personas, pero sólo trajeron 24 personas hace apenas 20 días; y la gente que trabaja en los institutos está extenuada”.