LA REFORMA PENAL BONAERENSE

El nuevo Código acelerará a los jueces y limitará excarcelaciones

El gobernador Scioli envió el proyecto de ley al Senado.

Los tribunales orales tendrá un plazo de seis meses para realizar los juicios y si no llevan adelante el debate en término se les quitará la causa. Así lo prevé un proyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal bonaerense que también limita las excarce-laciones y otorga nuevas herramientas a las víctimas de delitos para que puedan llevar la causa a juicio cuando el fiscal pida el sobre-seimiento del imputado.
La reforma promovida por el gobierno bonaerense dispone, además, la creación de tribunales unipersonales para causas en las que el delito investigado tenga una pena máxima de 15 años de prisión (robos con armas y abusos sexuales, entre otros).
En el mensaje del proyecto de ley enviado ayer al Senado, el gobernador Scioli afirma que "existe una impostergable necesidad de reforma de la justicia penal bonaerense, tendiente a profundizar el sistema acusatorio para mejorar la respuesta del sistema penal a los graves conflictos que reclaman su intervención, acelerando los procesos y optimizando los recursos existentes".

Plazos

La iniciativa impulsada por el Gobierno establece la creación de tribunales correc-cionales unipersonales "cuando se trate de delitos cuya pena máxima prevista no exceda de 15 años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto".
Los tribunales seguirán siendo de tres jueces cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos y cuando el imputado o su defensor requieran la integración colegiada.
El proyecto dispone que los juicios "deberán celebrarse dentro de los seis meses de radicada la causa en el órgano de juicio, plazo que el juez o tribunal podrán prorrogar por única vez, cuando se disponga una instrucción suplementaria que no permita su realización en dicho término".
La falta de realización del debate dentro del plazo fijado será sancionada con la pérdida de competencia del juez o el tribunal y esta falta será comunicada a la Secretaría de Control Judicial de la Suprema Corte de Justicia.

Excarcelaciones

El texto sostiene que "existe en el sistema carcelario una gran cantidad de personas detenidas con prisión preventiva, resultando por tanto imprescindible establecer un proceso sin dilaciones innecesarias", ya que "los imputados deben ser juzgados en un plazo razonable, a fin de no lesionar sus derechos constitucionalmente garantizados".
Por eso, se limita la prisión preventiva y se remarca que cesará cuando hayan transcurrido dos años desde la aprehensión sin que se haya dictado veredicto condenatorio de primera instancia. No obstante, cuando se trate de "un caso complejo", el plazo podrá prorrogarse otros dos años a pedido del fiscal.
El proyecto de ley acota el beneficio del arresto domiciliario como alternativa a la prisión preventiva y prevé que sólo podrá ser otorgado a personas mayores de 70 años, a presos que padezcan una enfermedad terminal, a mujeres embarazadas o a mujeres con hijos menores de cinco años.
El beneficio podrá ser concedido "excepcionalmente" cuando el juez presuma que esta medida no acarreará peligro de fuga o de entorpecimiento de la causa.

Víctimas


También se reconoce al particular damnificado (víctima del delito) la facultad de formular acusación y abrir autónomamente el juicio cuando no esté de acuerdo el sobreseimiento del fiscal. De este modo se le garantiza "el derecho a ser oído".
En el debate oral podrá acusar y sostener la acusación fiscal no obstante el retiro que pueda realizar el funcionario público.

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