PARA SUPERAR LA DISCRIMINACION

La coparticipación que corresponde a la Provincia debe ser discutida de una vez

La provincia de Buenos Aires se ve perjudicada desde hace décadas por una verdadera discriminación presupuestaria, al no recibir desde Nación los porcentajes que le corresponden por la coparticipación federal de impuestos, producto de los fondos tributarios que se reparten entre el Estado nacional y las provincias.

Nuestra provincia vino perdiendo participación en esa distribución y fueron, hasta ahora, estériles los reclamos formulados.
Convendría por lo pronto reseñar que el Estado bonaerense aporta más del 33 por ciento del PBI del país -algunas estadísticas hacen llegar a 40 por ciento ese aporte- y que, en cambio, porcentualmente recibe muchos puntos menos en carácter de recursos coparticipables distribuidos por el Gobierno nacional. Durante años percibió alrededor del 30 por ciento, pero en la actualidad ese porcentaje es por lo menos ocho puntos inferior.
Con más de 14 millones de habitantes, que son casi el 39 por ciento de la población nacional, nuestra provincia registra el más alto déficit de viviendas en el país; los sondeos marcan que allí se encuentra el 40 por ciento de la pobreza. Asimismo, sólo en la comparativamente pequeña superficie del Gran Buenos Aires se concentra más del 28 por ciento de la cantidad de habitantes del país, con elevados índices de desocupación y subo-cupación.
Son de sobra conocidas las gravísimos carencias socioeconómicas que, fundamentalmente aquejan a la población, especialmente en el Conurbano, que se reflejan en los muy complejos problemas de educación, seguridad y salud, muchos de los cuales podrían despejarse si cesara la discriminación que sufre la Provincia en materia de recursos copar-ticipables.
De todos modos, se está frente a un reclamo histórico formulado desde diversos sectores de la Provincia y sostenido a través del tiempo. Pero es verdad, que faltaron planteos orgánicos por parte de las sucesivas administraciones provinciales -así como de sus legisladores nacionales- ya sea ante los sucesivos gobiernos federales como, fundamentalmente, ante el Congreso que es quien debe decidir en la materia. La dirigencia bonaerense, entonces, debiera salvar esa omisión y actuar en consecuencia.

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