Avanza la creación de un registro de violadores en la Provincia

La provincia de Buenos Aires avanza en la creación de un registro de violadores, en el que se asentarán la identidad y demás datos personales de los condenados por delitos contra la integridad sexual. La información, de todos modos, no será pública sino que que sólo podrá ser consultada por jueces y fiscales.
La creación del registro está prevista en un proyecto de ley aprobado ayer por el Senado que apunta a facilitar la identificación de quienes cometan abusos sexuales. La iniciativa dispone, además, la creación de un «banco de datos genéticos» de la Suprema Corte de Justicia para la investigación de todo tipo de delitos, especialmente los más graves.
El proyecto unifica las iniciativas presentadas por los senadores del FpV-PJ, Elsa Strizzi, Edda Acuña y José Molina, y el de la Coalición Cívica, José Zingoni, y establece que el registro de condenados por delitos contra la integridad sexual dependerá del ministerio de Justicia y en él se asentarán todos los datos personales de los violadores.
La senadora Strizzi explicó que «toda persona que sea declarada culpable, sentenciada, con condena firme por un delito contra la integridad sexual, será incorporada al registro único», y agregó que «la incorporación se realizará mediante orden judicial, dictada por el órgano jurisdiccional competente».
En la Provincia, según datos aportados por los legisladores, existen ocho denuncias diarias de abuso y la iniciativa sancionada ayer cobró fuerza luego de la violación en Coronel Dorrego de una nena de 10 años que además fue quemada viva por su agresor. En el banco de datos genéticos, en tanto, «se incluirán los resultados de los estudios genéticos realizados en todas las investigaciones penales, especialmente en las que se investiguen delitos contra la vida, la integridad sexual, la identidad o la libertad de las personas».
En este caso, se dispone que la Corte «deberá adoptar los recaudos necesarios para la conformación de la base de datos, la confidencialidad de sus informes y el sistema de recuperación y análisis de la información judicial».
El proyecto de ley -que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados- señala que la información de la base de datos «es secreta» y solamente se encontrará disponible para los fiscales y jueces.

Comisión investigadora

El Senado también aprobó en la sesión de ayer un proyecto de declaración para crear una comisión que investigue las medidas de coerción penal otorgadas por los jueces.
La iniciativa apunta a controlar las libertades morigeradas otorgadas bajo el sistema de monitoreo a través de pulseras electrónicas.
El proyecto -que lleva la firma de los presidentes de todos los bloques- señala que la comisión «tendrá como objeto la investigación sobre la aplicación de las medidas de coerción personal autorizadas por el Código de Procedimiento Penal, así como de sus alternativas y morigeraciones, y toda otra cuestión relacionada con la privación cautelar de la libertad ambulatoria, ordenada en el marco de un proceso penal por jueces o tribunales».
La comisión tendría una duración de 180 días y estaría integrada por siete senadores, designados por la presidencia del cuerpo, con representación de la totalidad de los bloques políticos.