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DE LA CAMARA DE CONCESIONARIOS Y DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Durísimas críticas a la reforma impositiva

Dijeron que la medida que tratará la Legislatura bonaerense e impulsa el oficialismo va en contra de los esfuerzos por bajar la inflación y que es confiscatoria

Cuando el tratamiento en la Legislatura bonaerense al proyecto impulsado por el oficialismo provincial para la suba de Ingresos Brutos se aproxima cada vez más, distintos sectores económicos expresaron duras críticas.
Los primeros en hacerse oir fueron los concesionarios de autos que denunciaron que la proyectada suba del gravamen a los Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires es de nivel «confiscatorio» y advirtieron que de concretarse «la mitad del precio de un auto nuevo será impuestos».
El director general de la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina (ACARA), Horacio Delorenzi, consideró que el incremento es «absurdo» y que la entidad «seguirá el camino judicial» para impedir el incremento.
Delorenzi explicó que la suba del 3,9 al 4,5 por ciento del gravamen, junto con los impuestos nacionales y municipales «representan al 60 por ciento del margen» del 13 por ciento con el que trabajan las concesionarias.
El directivo precisó que tan sólo la nueva alícuota de Ingresos Brutos «representa el 28 por ciento del margen». La entidad salió así a rechazar declaraciones del gobernador Daniel Scioli quien había dicho que el incremento impositivo cuenta con el consenso de las cámaras empresarias.

“Ni una coma”

«Nos enteramos de la suba una vez que el proyecto de ley estaba en la legislatura», se quejó Delorenzi, que indicó que hasta ahora los legisladores le respondieron a ACARA que «el Gobernador dio la orden de que no se toque ni una coma» de la iniciativa.
El directivo precisó que con el incremento de la presión fiscal «el 50 por ciento del valor de auto van a ser impuestos».
La entidad le mandó una carta documento a Scioli en la que dice haber sido “ignorada” a la hora de discutir la reforma fiscal y que en el caso de las cámaras empresarias que fueron llamadas por el gobierno fue una convocatoria «carente de diálogo y consenso».
ACARA advierte que con el aumento se corre el riesgo de que «una operación genuina de la provincia se traslade a otra jurisdicción» debido a que el comprador se podrá ahorrar al menos 1.500 pesos en el valor de un auto nuevo sólo con cruzar la avenida General Paz.
Los empresarios estiman que la venta de autos cero kilómetro aporta a la provincia unos 320 millones de pesos al año por Ingresos Brutos y que con el aumento esperan sumar otros 60 millones. Pero advierten que por el desvío de operaciones y la menor actividad el fisco provincial se perderá de cobrar esos millones.
Los empresarios consideran que, aprobado el aumento de impuestos, es muy probable que los concesionarios eludan el incremento trasladando operaciones a la Capital Federal a través de sucursales.
Esto significa que si bien los autos se ofrecerán en el territorio bonaerense, la facturación se concretará en la ciudad de Buenos Aires, donde la alícuota de Ingresos Brutos es del tres por ciento.
Otra alternativa, menos factible, es que las terminales acepten transformar a sus concesionarios en agentes, con lo cual pasarían a pagar un impuesto del 6 por ciento sobre la comisión.
Esta opción implicaría un cambio substancial en la relación de la empresa automotriz con su red comercial, ya que, actualmente, los concesionarios se constituyen en empresas independientes que compran las unidades a su propio riesgo, asumiendo también su total responsabilidad frente al cliente.
En la modalidad de agente, la firma sería tan sólo una representante de la terminal trabajando a «comisión» y en ese caso la automotriz asume los riesgos por eventuales reclamos de los compradores.
Desde las alimentarias

La coordinadora de las industrias de productos alimenticios (COPAL) dijo que los cambios sustanciales en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos es uno de los temas que más preocupa al sector. «La modificación bajo examen tendrá un impacto negativo sobre los procesos productivos de nuestra industria, afectando los niveles de actividad, empleo, consumo, inversión y, también, en los precios de los alimentos y bebidas», manifestaron en un comunicado.
La COPAL enfatizó que «la contención del nivel de precios de los alimentos que llegan a la mesa de los argentinos es una preocupación compartida por el Gobierno y los empresarios, que a lo largo de varios años, han venido extremando sus esfuerzos a través de los acuerdos de precios, resignando rentabilidad sin dejar de producir alimentos suficientes en variedad, cantidad y calidad».
De cara a la iniciativa enviada por el gobernador Scioli, que la Cámara de Diputados comenzará a tratar mañana en el recinto, las alimenticias aseguraron que la «modificación tributaria va, lamentablemente, en contra de los mencionados esfuerzos».

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