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SEGUN LA AGENCIA DE RECAUDACION DE BUENOS AIRES

Sigue la ofensiva contra el campo y detectan 10.135 silos no declarados

Más de 10 mil silos cerealeros, con una capacidad de almacenaje por un valor que ronda los 500 millones de pesos, no están declarados en la provincia de Buenos Aires. Además, el 75% de los contratos de arrendamiento no paga el impuesto de Sellos y sólo el 18% de las hectáreas sembradas con soja en el país se realiza con el uso de semilla fiscalizada.

Los datos surgen de un relevamiento realizado por la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba), en el que también se descubrió que «un 15% (de los productores) se encuentra en una situación totalmente marginal con relación a Ingresos Brutos (el 9% no está inscripto y el 6% no presenta Declaraciones Juradas).
El relevamiento de Arba forma parte del programa de Control Fiscal Agropecuario que se puso en marcha en 2004 en la Provincia, pero cobró fuerza en las últimas semanas, con el enfrentamiento entre el campo y el gobierno nacional por el aumento de las retenciones a la exportación de granos.
El programa incluye campos con una superficie superior a 50 hectáreas y tiene por objetivo «identificar a los propietarios de esos campos, determinar qué se explota, quién trabaja cada parcela y la naturaleza jurídica del contrato que los une (si existiera)».
Según informó el organismo recaudador, «gran parte de las transacciones se perfeccionan a través de operaciones de trueque o canje de granos. Así, se elude el pago de los anticipos sobre acreditaciones bancarias, que puede representar hasta el 49% del volumen total negociado».
También se detectó que «sólo el 18% de de las hectáreas sembradas con soja en el país se realiza con el uso de semilla fiscalizada» y se descubrieron «incon-sistencias en la valuación declarada para el impuesto Inmobiliario Rural, que surgen de la comparación con las imágenes satelitales, que implican una subvaluación del orden de los 1.000 millones de pesos».
El informe de Arba indica, además, que «se han detectado 10.135 silos no declarados, con una capacidad de almacenaje estimada de cuatro millones de metros cúbicos de granos, por un valor que ronda los 500 millones de pesos».
También señala que «sólo en uno de cada cuatro contratos de arrendamiento se encuentra pagado el impuesto de Sellos» y destaca que «la evasión de los arrendatarios de campos llega a los casi 38 millones de pesos».
El relevamiento sostiene, finalmente, que «la comparación de la estimación agregada de valor de producción con las declaraciones juradas del impuesto sobre los Ingresos Brutos resulta en una deuda estimada por subdeclaración de ingresos del orden de los 93 millones de pesos para el año fiscal 2007, situación que se verifica retroactiva-mente».

Impacto

El sector agropecuario representa aproximadamente el 8% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de la provincia de Buenos Aires y el 30% del Producto Bruto Interno (PBI) agropecuario de la Argentina.
El informe elaborado por el organismo que conduce Santiago Montoya estima que «el sector agropecuario tiene con el Estado bonaerense una deuda superior a los 330 millones de pesos», pero advierte que «el monto podría triplicarse si se tiene en cuenta la evasión en otros eslabones de la cadena productiva: empresas de agroquímicos, con-signatarios, acopiadores, industria molinera, industria aceitera, etc».
A partir de la «necesidad» de Arba de incrementar la fiscalización y el seguimiento sobre este sector, comenzaron a desarrollarse distintas acciones para tratar de detectar la evasión.
Así, se realizó un «análisis multitemporal» sobre zonas de la Provincia, entre ellas la maicera-sojera, para estimar el rendimiento agrícola y la retribución económica en cada parcela. Además, se implementó un Régimen de Información que fue consensuado con las entidades agropecuarias más representativas.
Este régimen permite identificar al productor y arrendatario de cada parcela rural. Son contribuyentes del impuesto Inmobiliario Rural con inmuebles cuya superficie total -considerada de manera individual o conjunta- resulta igual o superior a las 50 hectáreas.
El plazo para la presentación de la información correspondiente al régimen de información venció el 1º de junio pasado y, según Arba, «las cifras confirman que el 78% de los titulares incum-plieron con su obligación». Por eso, actualmente se encuentran en curso las acciones de fiscalización correspondientes, que respetan las distintas situaciones de cada uno de los titulares.

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