El juez de Garantías de Morón, Alfredo Meade, dictó esta tarde la prisión preventiva para seis de los siete detenidos por el crimen de la niña Candela Rodríguez, cometido en agosto pasado en el partido bonaerense de Hurlingham.
La medida recayó sobre los imputados Ramón Altamirano, Gabriel Gómez, Guillermo López, Gladys Cabrera, Hugo Bermúdez y Alberto Espínola, quienes seguirán presos por el homicidio de la nena de 11 años, tal como lo había solicitado el fiscal de Instrucción Marcelo Tavolaro.
Por el caso también está detenido Héctor "El Topo" Moreyra, quien fue el último de los acusados en ser detenido, por lo que Tavolaro cuenta con más días de plazo para analizar su situación procesal y, llegado el caso, solicitar su prisión preventiva.
El magistrado convalidó la acusación del fiscal que había imputado a Bermúdez de "autor material del homicidio calificado por el concurso premeditado de la participación de dos o más personas" y al resto, excepto Moreyra, de "partícipes necesarios".
Los mismos voceros señalaron que el juez Meade también hizo lugar al pedido de detención para otro sospechoso, identificado como Leonardo Jara, quien ahora queda formalmente prófugo en la causa. Al mediodía se había llevado a cabo en los tribunales de Morón una audiencia ante el propio magistrado para que las partes se pronunciaran a favor o en contra del pedido de prisión preventiva efectuado por el fiscal.
En dicha audiencia, Altamirano estuvo presente junto a sus abogados Matías Morla y Florencia Srur; mientras que Gómez y López lo hicieron con sus defensores Rodrigo y Gustavo González. También estuvieron presentes Luis Carpaneto, defensor oficial de Cabrera; Alberto Domínguez, por Espínola; y Sergio Doutres, abogado de Moreyra.
Por el lado de la parte acusatoria, participaron el propio fiscal Tavolaro y Fabián Améndola, uno de los abogado de Carola Labrador, la madre de Candela.
Tanto López como Gómez reiteraron ser inocentes y se quebraron ante el juez Meade, mientras que él se pronunció en contra de la prisión preventiva por considerar, entre otros elementos, "incongruentes" los testigos de identidad reservada que complican a sus defendidos. Durante la audiencia, el magistrado pidió a las partes que se limitaran a pronunciarse sobre la admisibilidad o no del pedido de prisión preventiva y no el valor de las pruebas.
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