El caso por el brutal asalto a una mujer en su vivienda -de Ayacucho y Rivadavia- reavivó la polémica por las detenciones y prisiones domiciliarias que prácticamente carecen de controles en Junín.
Es que uno de los tres delincuentes, que estaba cumpliendo una condena con prisión domiciliaria por un “homicidio en grado de tentativa agravado”, fue detenido acusado de cometer el violento robo.
Otro caso reciente ocurrió durante las elecciones Primarias, cuando un detenido se dirigió a votar y no regresó a la vivienda en la que estaba cumpliendo la pena. Fue capturado días después.
Cabe recordar que en marzo, la juninense María Rosa Daglio fue asesinada en Ramos Mejía por un motochorro que contaba con más de diez causas penales y estaba prófugo tras violar la prisión domiciliaria que le dieron en 2020 ante el riesgo de que contrajera coronavirus en la cárcel.
Según datos del Patronato de Liberados, en la provincia de Buenos Aires hay 2409 personas con libertad asistida, 3007 con libertad condicional y 5334 en otra condición cumpliendo arresto en domicilios.
“Cárcel a cielo abierto”
Al respecto, el director de Seguridad municipal, Luis Chami, manifestó que “no hay control. Si no hay informe, no hay quién los controle. Recién cuando son detenidos por una reincidencia, salta en el sistema que están con domiciliaria. Pero la realidad es que no hay información”.
“Así se trabaja y tenemos una cárcel a cielo abierto. Hacen lo que quieren, salen a robar y son los mismos de siempre que tendrían que estar presos hace mucho tiempo con sentencia, ya que vuelven a hacer lo mismo. Si matan a alguien quién se va a hacer cargo”, resaltó.
“Es muy bajo el porcentaje de incumplimiento”
Por su parte, el abogado Dr. Darío De Ciervo sostuvo: “Yo creo que toda alternativa al encierro, cuando no hay una condena firme, es casi necesaria porque si aplicaran la regla deberían estar en libertad hasta el debate”.
“Si se observa la estadística, son pocos las que la violan, porque es un buen beneficio y la mayoría la acata. Es muy bajo el porcentaje de incumplimiento y las cárceles están muy colapsadas”, afirmó.
“Es un país con tanta crisis que es muy difícil establecer planes razonables, porque hay un montón de delitos con los que se pueden poner multas, pero cómo lo haríamos acá si hay un 50 por ciento de pobreza”, confirmó De Ciervo.
“Si la situación fuera de alarma, ya se hubiera puesto la mirada ahí. Yo creo que es un mecanismo alternativo, y no tenemos muchas opciones en este país. Si no hay pulsera electrónica, hay algún tutor que se hace responsable de la persona”, explicó.
Y opinó que “hay un abuso de la prisión preventiva que anticipa la condena, antes del juicio. Si el Estado no logra demostrar la culpabilidad, el daño es irreversible”.
La situación en pandemia
El año pasado, cuando inició la pandemia, la situación de los presos se convirtió en un tema de debate nacional. Es que organismos internacionales de derechos humanos pidieron evitar el hacinamiento en cárceles para no poner en riesgo la vida de los reclusos. Esta sugerencia generó rechazo en amplios sectores de la sociedad, encolumnados principalmente en la oposición al Gobierno nacional.
Si bien fueron varios los países que tomaron la recomendación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tales como Brasil, Estados Unidos, Italia, Irán, México y Reino Unido; las prisiones domiciliarias que se otorgaron en Argentina quedaron bajo la lupa, en muchos casos porque se denunció que los delincuentes volvieron a los ámbitos donde se cometieron los delitos.
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