Tras una investigación que tuvo origen en el mes de octubre de 2020 vinculada a la existencia de locales dedicados a la reparación y la comercialización de telefonía celular en Junín, se realizaron múltiples allanamientos en los comercios donde se realizaban actividades irregulares, contempladas en la Ley 25.891, con la intervención de la Justicia Federal de Junín.
En el marco de dicho expediente, efectivos de la DDI Junín llevaron adelante una serie de procedimientos en locales ubicados en los barrios de Belgrano, Fátima y 11 de Julio. Se logró el secuestro de numerosos celulares robados que registraban pedido de secuestro por Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones).
En este contexto, dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, fueron imputados y notificados de la formación de la causa, a disposición de la Fiscalía Federal de Junín a cargo del Dr. Eduardo Varas.
Un procedimiento similar en Once
Cuatro hombres quedaron detenidos, más de 400 artículos tecnológicos denunciados como robados fueron secuestrados y diez locales fueron clausurados tras un operativo en una galería de la zona porteña de Once, en el barrio de Balvanera, informaron fuentes policiales.
El procedimiento se realizó en conjunto entre la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comisaría Comunal 3 de la Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control (AGC), bajo la supervisión de la Dirección General de Coordinación Operativa de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana del ministerio de Justicia y Seguridad.
Los efectivos se acercaron a la galería comercial ubicada en la avenida Corrientes al 2300 y allí inspeccionaron los locales de compra y venta de celulares, bajo un plan integral de seguridad y servicio implementado por la Comuna 3.
La AGC clausuró diez locales y labró nueve intimaciones, ya que se encontró gran cantidad de equipos que estaban denunciados como robados al Enacom.
En total, se incautaron 225 aparatos y 208 baterías, además de una máquina utilizada para desbloquear celulares.
Tres de los detenidos tenían pedido de captura, dos por el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, y el restante con pedido de captura internacional por Interpol Perú por "robo agravado".
Según las fuentes, sobre ese último pesaba una expulsión del país dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Zárate en 2019, mientras que el cuarto, de nacionalidad senegalesa, no pudo justificar su ingreso al país.
Tomaron intervención en el caso el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 1, Secretaría 1 y el Juzgado en lo Criminal y Correccional Número 15, Secretarías 15 y 14.
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