Bajaron más de la mitad las causas penales contra adolescentes en Junín y la Provincia

Las causas penales iniciadas en el Fuero Penal Juvenil bonaerense que involucran adolescentes de 16 y 17 años entre marzo y junio del 2020 en relación a igual período de 2019 bajaron a poco más de la mitad, informó el Defensor adjunto del Pueblo, Walter Martello.
En efecto, el año pasado en Junín, durante el aislamiento social,  se iniciaron 95 procesos, contra 222 del año 2019.
"El delito juvenil no aumentó y bajar la edad de imputabilidad es inconsistente", expresó en un comunicado Martello, a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo.
El funcionario se refirió así a las cifras que surgen de un relevamiento de la cantidad de Instrucciones Penales Preparatorias (IPP) y la incidencia que tienen los procesos iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.
Según estadísticas del Ministerio Público bonaerense, del 21 de marzo al 25 de junio de 2020 se iniciaron 3.424 IPP con adolescentes involucrados; mientras que en similar período de 2019, las IPP iniciadas fueron 7.244, lo que representa una disminución del 52,7 por ciento.
"La situación se ve con mayor claridad si comparamos lo sucedido durante la última década. En el 2009, los procesos iniciados en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil representaban el 4,54 por ciento del total de IPP abiertas en la Provincia y ese indicador se ubicó en menos de la mitad (2,08 por ciento) durante el año pasado", precisó el Defensor Adjunto.
Destacó que "estos datos fueron procesados a partir de la información que aporta la Procuración bonaerense que, como se sabe, tiene una conducción que no está ligada al actual Poder Ejecutivo".
"El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad se instala cada vez que se produce algún hecho con fuerte impacto mediático. Ahora bien, plantear que la única solución que puede dar el Estado pasa por el sistema penal es de una falacia absoluta", remarcó.
Para Martello, "el Estado, particularmente la Justicia, cuenta con distintas herramientas que otorga el ordenamiento jurídico vigente para prevenir la delincuencia juvenil y actuar en los casos de los y las adolescentes que infringen la ley".
El Defensor del Pueblo Adjunto destacó que la doctrina de la reducción de la edad penal es "sistemáticamente rechazada por la comunidad científica y académica en cualquier lugar del mundo dada su inconsistencia teórica, su distancia con los estándares internacionales y su ineficacia política-criminal".
"Nos preocupa el reduccionismo punitivo respecto a las diversas problemáticas de las niñas, niños y adolescentes. Ya no parece ser un error conceptual, sino una calamidad para toda política pública de la infancia basada en derecho", afirmó.
Recordó que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha recomendado a los Estados fijar la edad de punibilidad a partir de los 16 años de edad (como actualmente existe en nuestro país), instando a no reducir dicha edad mínima.
En ese sentido, destacó el comunicado que "la punibilidad por debajo de ese límite constituye una medida regresiva y una clara violación a los estándares establecidos por el sistema internacional de derechos humanos y la legislación provincial y nacional vigente, además de violar el principio de progresividad".