UNA PROTESTA QUE DURO 13 DIAS

Levantaron la huelga de hambre en cárceles bonaerenses

Un fallo que emitió ayer la Suprema Corte de Justicia bonaerense que declaró inconstitucional el artículo 24 del Código Penal y equiparó la reclusión a la prisión para el cómputo de la preventiva, fue una de las resoluciones que permitió destrabar el conflicto/Internos de las unidades penales 13 y 16 de nuestra ciudad también dejaron sin efecto la medida.

Los presos alojados en cárceles de la provincia de Buenos Aires que mantenían una huelga de hambre desde hace 13 días en reclamo de la agilización de sus causas, comenzaron ayer a levantar la medida, al recibir respuestas favorables a algunos de sus pedidos.

Los mil internos de la Unidad 9 de La Plata, que iniciaron la huelga el pasado 22 de setiembre, fueron los primeros en abandonar la protesta, tras una reunión que mantuvieron en horas de la tarde con el ministro de Justicia provincial, Eduardo Di Rocco.

A partir del acuerdo al que arribaron con el gobierno bonaerense, adoptaron la misma actitud los más de 1.600 presos de máxima seguridad del penal de General Alvear y los de las unidades 8 y 33 de Los Hornos, 19 de Saavedra y 24 de Florencio Varela.

En Junín

En el caso de nuestra ciudad, en la Unidad Penitenciaria 13 el viernes a la noche comenzaron una huelga de hambre 261 internos a los cuales se sumaron otros el día martes totalizando 543 presos que cumplían con la protesta en el UP 13, donde anoche levantaron la medida y las autoridades destacaron que se encontraban en buen estado de salud.

A su vez, también los 109 internos de la Unidad Penitenciaria 16 se habían adherido ayer al mediodía a la huelga de hambre pero a la noche, al igual que en otras cárceles, también habían dejado sin efecto la protesta.

Fuentes de la cartera de Justicia provincial especulaban anoche que en las próximas horas dejarán de cumplir la medida los 12.500 internos que estaban en huelga de hambre a partir de que se les comunique el acuerdo arribado con los presos de la Unidad 9 que fueron los que presentaron el petitorio.

Medida de la Corte

Al término de la reunión, Di Rocco sostuvo que se les explicó a los presos «las medidas que adoptó la Suprema Corte de Justicia bonaerense» y se les detalló que el máximo Tribunal y los inferiores «van a ocuparse de las causas que están atrasadas».

Según se informó, en el acta que firmaron los internos para suspender la huelga de hambre se acreditó que los reclamos que efectuaron «han tenido eco favorable».

Además, consignaron que «esta fecha marque un antes y un después y que los funcionarios aquí reunidos comprendan que sólo en un Estado de derecho se pueden ejercer, como lo hemos demostrado, las peticiones en forma pacífica».

Es que el fallo que emitió ayer la Suprema Corte de Justicia bonaerense que declaró inconstitucional el artículo 24 del Código Penal y equiparó la reclusión a la prisión para el cómputo de la preventiva, fue una de las medidas que permitió destrabar el conflicto.

El Tribunal detalló que el criterio del «no cómputo» o computar «1 x 2», los dos primeros años de detenido de un condenado a reclusión cuando la sentencia no está firme, hace que la detención pierda su naturaleza «excepcional y cautelar y se convierta en un plus de pena».

Además explicaron que ese cómputo «queda también desvirtuado definitivamente cuando el fallo condenatorio adquirió firmeza y donde se toma por un día efectivo de cárcel, uno de reclusión».

Los internos esperan además que hoy el Tribunal de Casación fije posición sobre el cómputo de la prisión preventiva para reincidentes, medida que junto a la adoptada por la Corte, flexibiliza el sistema para acceder a los beneficios de la excarcelación.

Es que en el petitorio presentado a las autoridades, los presos piden que se agilicen sus causas y que se derogue la denominada «Ley Ruckauf» que endureció el sistema de excarcelaciones en la provincia de Buenos Aires a partir del 2000.

Según datos de la cartera de justicia, de los casi 22 mil presos alojados en penales bonaerenses, más del 80 por ciento está procesado y a la espera de una condena firme.

La protesta de los presos provocó que la semana pasada la Corte reclamara mayor presupuesto al Poder Ejecutivo para hacer frente al cúmulo de causas penales.

En la misma sintonía, el Tribunal de Casación se declaró ayer «en estado de emergencia» debido a la imposibilidad de prestar un adecuado servicio de justicia «por la alarmante situación generada por el crecimiento permanente del índice de entrada de causas y las deplorables condiciones de trabajo».

En el pronunciamiento, los integrantes del Tribunal estimaron que «las causas con atraso serían cerca de 4.000», pero destacaron que «entre 1.500 y 2.000 son expedientes con personas actualmente detenidas».

Los jueces denunciaron la situación ante los poderes Ejecutivo y Legislativo y la Suprema Corte de Justicia y reiteraron «viejas demandas», relacionada «con las deficiencias edilicias y la dotación de los elementos básicos para promover un mejor servicio de justicia».

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