El operativo para detener a la banda fue cinematográfico e incluyó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien participó de los allanamientos y quedó filmado con una pistola en la cintura mientras más de 200 agentes irrumpían en las casas de los sospechosos.
Todo terminó con nueve detenidos (siete hombres y dos mujeres, de entre 18 y 29 años), acusados de un robo piraña en un supermercado de la ciudad de Pergamino, en plena cuarentena por el coronavirus.
Pero apenas una semana después de los arrestos, la Justicia les otorgó arrestos domiciliarios a todos los imputados. Si bien el juez de Garantías N° 2, Julio Caturla, consideró que había riesgos procesales de fuga o de entorpecimiento de la investigación, decidió concederles el beneficio por el solo hecho de que fijaron domicilios y que la Policía podía corroborar que permanecieran en ellos.
El magistrado adoptó esta medida sin correr traslado a la fiscalía interviniente, luego de la que la defensa de los acusados reclamara sus excarcelaciones, según informaron fuentes con acceso al expediente.
Lo insólito ocurriría horas después de la medida, ya que uno de ellos fue visto mientras caminaba por la calle de otro barrio, violando la disposición, por lo que lo detuvieron nuevamente, ahora por un nuevo delito: "evasión".
"Iba a lo de mi novia. No sabía que no podía ir", le dijo al fiscal Francisco Furnari, titular de UFI N° 2. Sin embargo, el juez Caturla decidió mandarlo otra vez a su casa.
Apelación fiscal
El fiscal Furnari presentó nueve apelaciones por las domiciliarias, una por cada imputado, tras la decisión del juez Caturla.
En los planteos, sostuvo que los peligros procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación siguen latentes y que nada indica que puedan evitarse por aplicación de una detención domiciliaria de difícil control por parte de las fuerzas policiales, entendiendo que las mismas se encuentran recargadas por los procedimientos de control ciudadano (por la cuarentena) a lo largo de toda la ciudad.
Por otra parte, Furnari manifestó que con la interpretación efectuada por el juez se afectó notoriamente la pretensión futura de la Fiscalía de solicitar pena de prisión de efectivo cumplimiento, pues al encontrarse el imputado gozando de una medida de coerción morigerada, difícilmente se pueda revertir dicho estado en una etapa posterior ante una hipotética sentencia definitiva condenatoria.
A su vez, el fiscal considera que se otorgó un beneficio de excepción a todos los imputados sin que se haya oído previamente al Ministerio Público Fiscal, instancia que impone la Ley.
El hecho
El robo se produjo el lunes 30 de marzo, pasadas las dos de la tarde, en el súper chino Siria, del barrio Acevedo, adonde unas 15 personas intentaron entrar a robar la mercadería.
Los dueños y empleados los enfrentaron, por lo que los delincuentes apenas pudieron llevarse la caja registradora -con poco dinero- y una moto que estaba en la puerta.
El perro que los acompañaba, que quedaría filmado en las cámaras de seguridad del súper chino, fue el mismo con el que los investigadores y policías se encontraron al día siguiente en la villa San José, en los 12 allanamientos.
A los nueve sospechosos, que estuvieron presos en la Comisaría Tercera de Pergamino, les imputan "robo agravado por ser en poblado y en banda y por la participación de un menor de edad", ya que también hubo al menos un adolescente implicado, que es inimputable por su edad.
La pena máxima dispuesta por el Código Penal para este delito es de 15 años de prisión.
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