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Pablo Majul, representante legal de Cristina Roberts.
A CASI UN MES DE CUMPLIRSE LOS 10 AÑOS DEL TRÁGICO SUCESO

La Justicia responsabilizó a Provincia por la muerte de la familia Pomar-Viagrán

Así lo anunció en los últimos días el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes. Es por la responsabilidad civil de la Dirección de Vialidad y el servicio irregular en la investigación.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes se pronunció en los últimos días sobre la responsabilidad civil de la Dirección de Vialidad bonaerense por el mal estado de la Ruta Nº 31 y a la provincia de Buenos Aires por el servicio irregular en la investigación que tuvo como resultado -luego de 24 días de búsqueda- el hallazgo de los cuerpos sin vida de los cuatro integrantes de la familia Pomar-Viagrán.
A casi un mes de cumplirse los 10 años del trágico suceso, que trajo como consecuencia el fallecimiento de Fernando Pomar, Gabriela Viagrán y sus hijas Candelaria y María del Pilar (el accidente fue el 14 de noviembre de 2009), el Poder Judicial dictó un fallo en el que se dilucida la responsabilidad del Estado provincial y de los funcionarios públicos intervinientes por el mal estado de la ruta y la instrucción llevada a cabo por el personal policial y del Ministerio Público Fiscal.
El diario La Opinión de Pergamino mantuvo diálogo con Pablo Majul, representante legal de María Cristina Roberts (madre de Gabriela y abuela de Candelaria y María del Pilar), quien brindó detalles del pronunciamiento judicial.
“El Juzgado -luego de un juicio que duró un poco más de ocho años (fecha de inicio 21/6/2011)- dijo que el Estado provincial debe responder patrimonialmente por responsabilidad civil en beneficio de María Cristina Roberts y Franco Ricabarra (hijo de Gabriela Viagrán), quienes promovieron la demanda contra la Provincia, por el acaecimiento del accidente automovilístico que se llevó la vida de los cuatro integrantes de la familia y a su vez, por el daño moral producido a raíz de la ineficiente investigación por parte de las autoridades públicas abocadas al caso”, afirmó Majul.

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