Mientras el Gobierno nacional se sumaba al Día de la Lucha contra las Drogas resaltando las incautaciones hechas en los últimos años por las fuerzas de seguridad, los datos del Informe Mundial sobre Drogas 2019 ponían en duda hasta qué punto esos logros se tradujeron en beneficios para la población.
Y es que según el organismo responsable de ese reporte global, Argentina es el país del continente donde más creció el consumo de cocaína, una tendencia que habría sido acompañada por un aumento en el uso de marihuana y éxtasis, y una disminución en la edad de inicio de alcohol.
De acuerdo con la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC, según sus siglas en inglés), la prevalencia de consumo de cocaína en nuestro país pasó de 0,73% en 2011 a 1,67% en 2017 (el último año relevado), lo que implica un aumento de 129% que pone a nuestro país el primer puesto a nivel continental.
En tanto que en el mismo plazo la prevalencia en el uso de marihuana entre la población general aumentó de 3,2 a 8,13%, (254%) y la edad de inicio en el consumo de éxtasis se redujo de los 16 a los 14 años de edad.
Según afirmó a este diario el comisario inspector jefe de la Departamental de Junín, Ariel Gallinotti , en la ciudad “ha aumentado el procedimiento y la incautación de drogas en los últimos tres cuatro años. Se han sostenido los operativos porque es una política de Estado. Marihuana es lo que más se incauta y después sigue la cocaína”.
“Lo que se apunta es incrementar los operativos, controles e investigaciones para combatir este flagelo en todos los aspectos y a nivel de la comercialización y la venta de estupefacientes. Al adicto hay que abordarlo desde otra perspectiva”, afirmó.
“Hasta ahora está prohibido el autocolutlivo de marihuana y no está prohibido el consumo. Hoy en día la ley es muy clara, y lo que hace la policía es adaptarse la ley y hacerla cumplir. Nuestro compromiso es combatir el flagelo de la droga, y la inseguridad a nivel provincial, nacional y municipal”, subrayó.
“Mientras está vigente, tendremos que seguir respetándola. Por ejemplo, si bien hay un proyecto del Código Penal, hoy tenemos que trabajar con el actual”, resaltó.
“Atacar solo la oferta de droga no alcanza”
Esta tendencia apareció reflejada también en un trabajo que presentó la Defensoría del Pueblo de la Provincia durante la conferencia “El Futuro de la Política sobre Drogas en la Argentina”, un encuentro realizado en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas y del que participaron tanto referentes de Madres del Paco como de la Pastoral Social y la Sedronar.
Según el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensora del Pueblo bonaerense, desde 2010 se triplicó el consumo “alguna vez en la vida” de cocaína entre adolescentes, uno de cada seis estudiantes secundarios reconoce haber fumado marihuana y el inicio en el consumo de alcohol se ubica hoy en los 11 años.
“El récord de incautaciones realizadas por las fuerzas de seguridad, en los últimos años, no se ha traducido en una disminución del consumo de estupefacientes. Atacar solo la oferta de droga no alcanza. Tenemos que ir hacia un nuevo paradigma y establecer un programa integral, que ponga el esfuerzo en atacar los circuitos de financiamiento y lavado de dinero de las organizaciones narcocriminales, y que al mismo tiempo apunte a reducir la demanda mediante la prevención y extrañamiento de las adicciones. Son dos caras de una misma moneda”, expuso el Defensor Adjunto, Walter Martello, en esa presentación.
“Ante este panorama, realmente cuesta entender cuál es el motivo por el cual no se extendió el estado de emergencia que había decretado el presidente Macri y que venció en diciembre de 2018 sin que siquiera haya adherido la provincia de Buenos Aires. Incluso, lo que resulta aún más preocupante es que se mantenga el recorte sobre el presupuesto de la Sedronar, organismo que tiene a su cargo el desarrollo de las políticas integrales para el tratamiento y prevención de las adicciones”, dijo Martello, responsable del Observatorio de Consumos Problemáticos del organismo provincial.
En su presentación, el Defensor del Pueblo Adjunto propuso desarrollar los Tribunales de Tratamiento de Drogas para que aquellas personas adictas, que hayan cometido delitos menores, realicen tratamientos de rehabilitación a cambio de la extinción de la pena, revisar la Ley de Estupefacientes y capacitar a los operadores judiciales y de seguridad respecto a lo que representa la política de drogas con perspectiva de género y derechos humanos.
Una ley cuestionada
El Defensor adjunto del Pueblo de la Provincia no es ciertamente el único en plantear la necesidad de que se reforme la Ley de Estupefacientes, una norma que este año cumple 30 años.
Más de 90 organizaciones sociales y de DDHH, centros asistenciales, asociaciones de usuarias/os, cátedras universitarias, entidades profesionales e instituciones de todo el país, difundieron un documento conjunto exigiendo la reforma de esa ley por entender que no ha servido para proteger a la sociedad.
“La guerra contra las drogas, como admiten las propias Naciones Unidas, no ha conseguido reducir el consumo y ha generado numerosas consecuencias negativas, como violencia y corrupción, muertes por sobredosis, infecciones por VIH y hepatitis C entre usuarias y usuarios de sustancias psicoactivas, hacinamiento en cárceles, graves vulneraciones a derechos humanos y el incremento del estigma y la marginación”, señala el documento difundido por los impulsores de la campaña “Acompañe, No Castigue” en nuestro país.
Esta iniciativa, que tiene proyección global, busca eliminar la criminalización de los usuarios de sustancias psicoactivas, promoviendo el acceso a intervenciones de reducción de daños y otros servicios basados en evidencias. Por entender que el consumo problemático de sustancias psicoactivas es una cuestión de salud integral, sus impulsores exigen que las respuestas sean de políticas públicas de salud en lugar de acciones represivas, discriminatorias y criminalizantes para el consumidor.
Con este planteo las organizaciones firmantes del documento instaron “a los poderes públicos a aprobar en forma urgente una reforma de la Ley 23.737 que no criminalice a los usuarios de sustancias psicoactivas, mediante la derogación de las figuras de tenencia simple, tenencia para consumo personal y cultivo para consumo personal; al tiempo que exigen la derogación de las medidas compulsivas de tratamiento, que contradicen los derechos y garantías resguardados por la Ley de Salud Mental 26.657 y el Código Civil”.
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