Desde hace décadas, todos los días mueren entre siete y ocho personas en promedio en el país a causa de heridas provocadas por armas de fuego; un número anual cuatro veces mayor al de argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas.
Y la mayoría de esa muertes, contra lo que suele creerse, no ocurren en situaciones de robo sino en conflictos interpersonales, peleas entre vecinos, disputas familiares, femicidios, cuadros depresivos..., situaciones de desborde emocional en las que de no haber existido un arma de fuego de por medio probablemente no hubieran tenido un desenlace fatal.
Según un informe al que pudo acceder Democracia, entre las localidades de Junín, Chacabuco, Ameghino, General Arenales, General Pinto, Viamonte, Lincoln y Vedia, se secuestraron 208 armas de fuego no registradas (ilegales) discriminadas en pistolas, revólveres y escopetas de diferentes calibres.
Las cifras totales se desprenden de tres fuerzas de seguridad pública: Narcotráfico (9), Jefatura Distrital (92) y DDI Junín (107). Cabe destacar que entre comisarías Primera y Segunda de nuestra ciudad se incautaron 50 armas.
Desde el 1 de enero y el 30 de noviembre del corriente año, los números dan un promedio de 0,6 elementos incautados por día. Solo en Junín, los efectivos policiales procedieron a decomisar 166 armas de fuego sin reglamentación, de las cuales 20 son de guerra.
La campaña de desarme
Para revertir esta realidad que en general pasa inadvertida, organizaciones de la sociedad civil buscan que por primera vez la provincia de Buenos Aires ponga en marcha una campaña de desarme propia y dedique recursos para concientizar la población.
El proyecto, presentado días atrás por la vicepresidenta de la Cámara de Diputados bonaerense, Marisol Merquel (PJ Unidad y Renovación), cuenta con el acompañamiento de los bloques de Cambiemos, el Frente Amplio Justicialista y el Frente Renovador, lo que hace muy probable que se convierta en ley.
Fruto de un trabajo realizado con la Red Argentina para el Desarme y la Asociación Civil Alfredo Marcenac, la propuesta tiene por objetivo incentivar la entrega voluntaria de armas de fuego por parte de la población civil para disminuir la probabilidad de muertes, reunir información sobre las consecuencias de la circulación de armas en territorio provincial y concientizar a la sociedad.
A través de la creación del programa provincial “Buenos Aires sin armas”, el proyecto propone que “toda persona que entregue voluntariamente armas de fuego y municiones se hará acreedora de un incentivo establecido por la autoridad de aplicación”, que será el organismo que determine el Poder Ejecutivo en su reglamentación. Esta fijaría también el tipo de incentivo, que en principio sería “no dinerario”, un complemento al que ya de por sí otorga en dinero el Plan de Desarme Nacional.
¿Por qué existiendo ya un Plan Nacional de Desarme se busca que la Provincia cree uno propio? La respuesta que dan desde la Red Argentina para el Desarme es simple y contundente: porque “la iniciativa nacional, si bien vigente, ha perdido impulso”; porque “es necesario volver a poner en debate el daño que causan las armas en manos de la población”, y porque “en el territorio bonaerense se concentraría cerca de la mitad de las armas que se calcula que hay en todo el país”.
“Lo que planteamos es un trabajo conjunto con políticas concretas sobre la portación, con campañas de difusión y concientización; con operativos de recolección, entrega voluntaria y destrucción de armas; y con la creación de un registro de armas de fuego y municiones receptadas para ampliar los alcances del programa nacional de desarme”, explicó la diputada Marisol Merquel, quien presentó formalmente el proyecto de ley.
“Ante la falta de datos e información, estamos proponiendo además la creación de un Observatorio Provincial. Esto permitirá contar con estadísticas sobre el uso de armas en la Provincia, para diagramar políticas públicas y evaluar también el impacto del plan de desarme”, detalló la legisladora provincial de Pigüé.
La recolección de datos sobre la circulación de armas a nivel provincial constituye un punto clave del proyecto, ya que nadie sabe con exactitud cuál es la situación actual. Lo único que se sabe, gracias a datos reunidos por el ex Ministerio de Salud de la Nación, es que durante 2016 unas 2.583 personas fallecieron en Argentina producto de disparos de armas de fuego, lo que da un promedio de 7,07 personas muertas por día. Y que la cantidad de armas registradas, unas 600 mil en toda Argentina, sería al menos tres veces menor al que probablemente esté hoy en circulación.
“La cantidad de armas que circulan en nuestro país es una incógnita. Se sabe que hay unas 600 mil armas registradas, pero cuando hace unos años se incluyó en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo que realiza el ministerio de Salud una pregunta sobre la presencia de armas en el entorno, el número que arrojó el estudio triplicaba al registrado por el entonces RENAR”, explicó Aldana Romano Bordagaray, directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), una de las organizaciones fundadoras de la Red Argentina para el Desarme, Romano Bordagaray sostuvo que el número de armas circulantes es directamente proporcional al de muertes que se registran todos los años en nuestro país. Y es que “la mayoría de esas muertes, contra lo que suele creerse, no ocurren en ocasión de robo sino en conflictos interpersonales, suicidios y accidentes. De hecho, uno de cada cuatro femicidios se cometen con armas de fuego”, explicó.
La paradoja de la tenencia
“Lejos de brindarnos protección, las armas de fuego en los hogares generan situaciones mucho más riesgosas de lo que podemos imaginar. Diversas estadísticas dan cuenta de que aun en el caso de alguien ingrese a nuestro hogar armado con intención de robo –el miedo que lleva a la mayoría de la gente a armarse- tener un arma para defenderse resulta contraproducente. Se ha visto que en 9 de cada 10 casos la situación termina mal para el que se quiso defender”, contó Romano Bordagaray.
“Por este motivo es que trabajamos para desalentar que la gente compre o tenga armas en su hogar –afirmó la especialista en Ciencias Penales-. Y el proyecto que acaba de presentarse en la Provincia es una gran oportunidad no solo para disminuir el número de armas en manos de la población civil sino para concientizar sobre el riesgo que implica tener un arma en casa. Sin una política de concientización que ponga en evidencia los verdaderos peligros que implica esta decisión, no se puede esperar que la campaña de desarme resulte exitosa”.
Por lo pronto, “lograr esta ley en la Provincia significará un paso importantísimo para construir una sociedad más pacífica y que no apele a la violencia a la hora de resolver conflictos de toda índole”, expresó por su parte la diputada Merquel, para quien “es el momento de establecer políticas de Estado que den respuestas concretas” en este campo. “Desarme y educación –dijo- son dos conceptos clave que debemos impulsar para poner freno al drama de las armas de fuego que vivimos como sociedad”.
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