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Por el caso de abuso sexual ahora está detenido un taxista que se negó a declarar.
POR “EL RETARDO EN LA ACTUACIÓN DE PRUEBAS”

La Federación de Sociedades de Fomento de Junín reclama un juri contra Mastrorilli

Los dirigentes cuestionaron la investigación del caso de abuso sexual contra una adolescente de 16 años y el inesperado giro en la causa y recordaron que “hubo un juninense detenido durante diez días”, que luego fue liberado por falta de pruebas.

La Federación de Sociedades de Fomento del partido de Junín envió un comunicado al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Dr. Julio Conte Grand y al presidente del Senado bonaerense, en relación al hecho de abuso sexual que sufrió una menor de 16 años y la actuación en la causa de la Fiscalía General, en la que ahora hay un segundo imputado. 
Cabe recordar que un joven de 26 años recuperó la libertad tras permanecer 10 días alojado en una comisaría de la zona, luego de un allanamiento y la aprehensión de un taxista que ahora está imputado por el hecho de “Abuso sexual agravado en grado tentativa y lesiones leves en concurso real”, el cual ocurrió en la madrugada del domingo 4 de noviembre último, cuya víctima fue atacada en Ruta 188 y Chile, tras subir a un auto de alquiler.
Por todo el trabajo realizado en el marco del aberrante hecho, la Federación solicitó que “se investigue el proceso judicial, y si es cierto que se tenían pruebas como videos en poder de la oficina dependiente de la Fiscalía General a horas de haber ocurrido el hecho y que las mismas no se abrieron”. 
Según trascendió, al primer aprehendido se le tomó declaración y se procedió a la detención preventiva, a la espera de los aportes de las demás pruebas, “sin que se supiera todavía el contenido de imágenes de las cámaras, las que se encontraban siempre en la Oficina que depende la Fiscalía General”, declara el comunicado. 
“Por este actuar de la Fiscalía General hubo un juninense detenido por 10 días, por el retardo en la actuación de pruebas técnicas, que sin duda es una falta grave para la sociedad”, agregó. De esta manera se pidió que se “produzca el desplazamiento y/o intervención de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Junín”. 
Además se solicitó que “se efectúe una investigación de la Fiscalía General del Departamento Judicial de Junín, y la realización de un juri por el accionar en cabeza del Fiscal General de dicho Departamento Judicial, Juan Manuel Mastrorilli”. 
“Sin correr el foco de la víctima, que más allá de sus declaraciones debe considerarse su juventud, son los funcionarios judiciales que tienen el deber de llevar adelante el camino de la Justicia en pos de las garantías constitucionales”, subraya el comunicado.
“Los integrantes, que representamos en primera línea a las familias de los barrios juninenses, no encontramos en una situación de nebulosa de justicia, y social, que nos viene dividiendo y generando otra grieta entre convecinos”, exclama. 

Las cámaras, eje del debate
En el comunicado, la Federación de Sociedades de Fomento de Junín hace foco en por qué, desde un primer momento, no se peritaron las imágenes de las cámaras de seguridad para cotejar los dichos del ahora liberado. 
“Desde la Dirección de Investigaciones, bajo la directriz de la fiscalía actuante, se produjo el pedido de los soportes tecnológicos que deben contar los locales nocturnos, que graban en DVR las imágenes, y se pusieron a disposición de la Oficina de Investigación Tecnológica General”, continúa. 
“La situación dada desde el primer momento dio lugar a que se aprehendiera a una persona como posible autor del hecho y, hasta aquí, en la lógica social al menos era lo correcto. No se entiende desde ese punto de lo que era la investigación, por qué la Fiscalía General no hizo abrir el DVR, que contenía las imágenes para cotejar los dichos del detenido”, aclara. 
“Desde allí comenzó la nebulosa judicial que a la lógica de la conciencia colectiva social hizo que se empezara a difamar el nombre de una persona, que también durante el transcurso del tiempo, se transformaría en una segunda víctima y en este caso por la decisión de quien tiene a su cargo la Fiscalía, de no tener la celeridad procesal, un principio básico del derecho y más en lo penal cuando se encuentra relacionado a la libertad de las personas”, explica. 
“Un actuar primordial era el contenido de las imágenes que pudieran empezar a dar algunas certezas, al menos, para cotejar los dichos de quien se encontraba detenido, que en todo momento y conforme los dichos del padre, siempre se basó en su inocencia y que no había estado con la víctima”, remarca.

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