Parte del material secuestrado por contrabando.
Parte del material secuestrado por contrabando.
FUE ANTICIPO DE DEMOCRACIA

Pidieron la exención de prisión para el entrenador de básquet de Junín prófugo

Los abogados defensores Carlos Torrens y Federico Mastropierro adelantaron a Democracia que “avizoran un proceso favorable” para su defendido, que está siendo investigado por presunto contrabando de electrónicos y teléfonos celulares.

Mientras la causa por contrabando de electrónicos y celulares sigue avanzando, con ramificaciones en distintos puntos del país y países limítrofes, los abogados defensores del entrenador de básquet juninense que está siendo investigado para determinar si está vinculado a esta organización criminal que fue desmantelada por la Policía Federal, Carlos Torrens y Federico Mastropierro, confirmaron ayer a Democracia que presentaron un pedido de exención de prisión para su defendido y adelantaron “avizoran un proceso favorable”.
De hecho, ahora la Justicia tiene un plazo para resolver la situación del DT, que aún no se presentó, pero se esperan novedades esta semana. De aceptarse la eximición, el entrenador se presentaría a la Justicia y a partir de ese momento los abogados elevarían la solicitud de excarcelación.

Avanza la investigación
"Hola. Soy Mirta. Comunicate con el Sr. Leo, él te va a pagar lo que falta". "Soy el remisero de Mirta. Tiene una mochila para entregarme. ¿A qué hora anda por Thames?". Esos dos textos, que parecen simples mensajes de WhatsApp, fueron claves para iniciar una investigación que puso al descubierto a una organización criminal dedicada a ingresar de contrabando, a través de la Triple Frontera, teléfonos celulares de última tecnología y artículos electrónicos ocultos en ómnibus que salían desde Puerto Iguazú hacia la terminal de Retiro.
La banda habría ingresado en el país mercadería valuada en al menos $3.000.000 con la colaboración de personal aduanero.
En las últimas horas, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó sin prisión preventiva a 23 sospechosos acusados de contrabando agravado por el número de personas intervinientes, la intervención de funcionarios del servicio aduanero y porque la mercadería en plaza supera el monto de $3.000.000.
Así lo informaron a un diario porteño calificadas fuentes judiciales. "Se pudo establecer que la organización criminal habría montado una ruta de acceso, por vía terrestre, de elementos de valor -especialmente aparatos electrónicos tales como teléfonos celulares, consolas de videojuegos y memorias- provenientes de Paraguay para luego ser distribuidos y comercializados en el resto del país, particularmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe", suscribió el juez.
Entre los procesados figuran Walter Tambone, César González Acuña y Jorge Hierro, que cumplían funciones en el puesto de control aduanero de la AFIP en el Puente Internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, Misiones.
"Tambone, González Acuña y Hierro intervenían activamente en el desplazamiento de la mercadería por la frontera, valiéndose de su calidad de empleados del servicio aduanero para facilitar la evasión a los controles y dar, de esta forma, mayor eficacia a la actividad ilícita de la estructura criminal", explicó González Charvay en los procesamientos de los sospechosos.
La investigación comenzó el 18 de febrero de 2017, cuando en un control de la Gendarmería sobre la ruta nacional 12, a la altura de Zárate, se descubrió un contrabando de teléfonos móviles. Los gendarmes inspeccionaron un ómnibus que cubría la ruta Puerto Iguazú-Retiro y encontraron 20 celulares Samsung y cinco iPhone SE. La mercadería, que estaba en una mochila que había sido escondida dentro del recipiente donde se arroja la basura, fue valuada entonces en 300.000 pesos, casi 19.000 dólares en febrero de 2017.
Ante la sospecha de que no se trataba de un hecho aislado, el juez González Charvay le encomendó al Departamento Delitos Federales de la Policía Federal que continuara la investigación para determinar si detrás de esa maniobra existía una banda de contrabandistas.
El puntapié inicial de la investigación fueron dos mensajes de WhatsApp hallados en el teléfono celular de José Carlino Vergara, uno de los choferes del ómnibus inspeccionado por la Gendarmería el 18 de febrero.
Poco después se pudo identificar a la mujer que en el mensaje le había escrito al chofer que se comunicara con alguien para que le pagara algo. Se trataba de Mirta Duarte, residente en la ciudad misionera de Eldorado.
"Se estableció que se desempeñaba de modo habitual como 'pasera', dedicándose a comprar diversos tipos de mercadería (principalmente teléfonos celulares y también otros elementos tales como consolas de videojuegos, memorias y/o vestimenta y calzados) adquirida en la República del Paraguay, por cuenta propia y por orden de diversos clientes, cruzando habitualmente la frontera burlando el control aduanero, ocultando la mercadería en los compartimentos del vehículo automotor en el que se desplazara, para lo cual fraccionaba las cantidades de mercadería con el objetivo de que parecieran compras menores por más que fueran halladas y enviando luego los artículos a través de diferentes medios, entre los cuales utilizaba con mayor frecuencia empresas de ómnibus de larga distancia, cuyos choferes podían alternar acorde con la mayor o menor confianza y su relativa conveniencia económica, dado que les pagaba una tarifa adicional por la cual le trasladaban sus 'bultos especiales' a Buenos Aires", según se desprende del expediente judicial.

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