El plan de traspaso de los trámites en comisarías no debe perjudicar a la gente

La reforma que propone el gobierno provincial acerca de los trámites administrativos que actualmente se realizan en las comisarías aparece como una necesidad entendible, si de revisar las funciones de la Policía -para darle mayor eficacia a esa fuerza- se trata. Pero el cambio que se impulsa -concretamente el traspaso de esa tarea a otras jurisdicciones- debe ser analizado con extremo detenimiento y definido de manera que los perjudicados no sean los ciudadanos.El Poder Ejecutivo impulsa que la serie de tareas administrativas que efectúan las comisarías (confección de actas de choques, emisión de certificados de domicilio y de pérdida de documentos, entre los más habituales) deje de ser realizada por esas dependencias. Se trata de una correcta intención, si se considera que está fundamentada en la necesidad de no «entretener» a policías en esas tareas, que podrían de ese modo volcarse al trabajo efectivo de prevención y combate del delito. En una fuerza que tiene déficit de agentes, resultaría una medida sana que los efectivos que ahora están en mostradores haciendo actas puedan salir a patrullar las calles.

Pero no pareció acertada la idea inicial acerca de los ámbitos a los que deberían transferirse esas tareas. El Poder Ejecutivo impulsó -y así lo plasmó en un proyecto de ley que incluso fue votado por el Senado- que fueran los municipios los que se hicieran cargo de tales trámites. Y no pareció acertado porque en los últimos días el propio Ejecutivo atendió los rechazos de numerosos intendentes a ese traspaso y les dio la razón, disponiendo que el proyecto de ley en curso sea reformado. La intención ahora es que esos trámites no se efectúen más ante las comisarías, pero tampoco en los municipios, de modo que se definirán otros organismos para concretar el traspaso.

El capítulo descripto merece una observación. Que un proyecto sea reformado en la mitad del trámite legislativo, para atender los planteos de una de las partes afectadas en la iniciativa (en este caso los municipios) habla de cierto autismo del Poder Ejecutivo a la hora de impulsar medidas que involucran fuertemente a otras jurisdicciones. Y que el Senado aprobara el proyecto, sin alcanzar a escuchar reclamos legítimos de una las partes, habla de cierta liviandad en el cumplimiento de la tarea legislativa. Está claro que, en el caso que nos ocupa, tanto el Gobierno como el Senado debieron consultar antes a los intendentes acerca de si sus administraciones estaban o no en condiciones de hacerse cargo de las tareas que se les pensaba transferir.Pero lo que importa centralmente es que en este proceso los perjudicados no terminen siendo los ciudadanos. Ocurre que la intención ahora sería transferir los trámites a los colegios de abogados y escribanos, los registros de las personas y los juzgados de paz, repartiéndolas entre esos organismos según las características de cada papeleo. Como se dijo recientemente en este diario, «es incomparable la cercanía geográfica que existe entre los vecinos de cada lugar y las comisarías o las delegaciones municipales, con relación a los organismos en los que se está pensando para traspasar las tareas». Por lo tanto, podría ocurrir que la gente tenga que trasladarse muchos kilómetros -perdiendo tiempo y gastando dinero en viajes- para poder realizar esos trámites.Está bien que la Policía no pierda tiempo y esfuerzo en esta tarea. Y está bien que tampoco la hagan los municipios si, como se sostiene, no tienen recursos para afrontarla. Pero deberá diseñarse un esquema en el que los perjudicados no sean los únicos que no pueden, en la práctica, gravitar sobre los términos en los que finalmente saldrá la ley, los ciudadanos.