Cualquier proyecto del Gobierno para maquillar el largamente demacrado funcionamiento de la ex SIDE sin tomar medidas de fondo terminará por convertirse en un desafío simbólico de intentar cambiar para que todo siga igual.
Está más que claro que la Secretaría de Inteligencia pide a gritos una reforma, pero esa necesidad de asumir una relación más respetuosa de la vida en democracia, desempeñando un rol que beneficie al conjunto de la sociedad, nada tiene que ver con los intereses partidarios del gobierno de turno.
Y en este sentido, si algo dejó en claro el kirchnerismo desde su llegada al Poder es que mantiene aceitados vínculos con el submundo de los informantes, ya sea para obtener datos sensibles de ocasionales adversarios en una campaña política; “escrachar” a un abuelo que quiere, pero no puede comprar dólares para regalárselos a su nieta en Mar del Plata; o bien enterarse prácticamente en tiempo real que el fiscal Alberto Nisman había dejado sola a su hija en el aeropuerto de Madrid.
En numerosas ocasiones en los últimos 12 años la Casa Rosada ha hecho gala de su capacidad para conseguir información privada de las personas y ventilarla en público, incluso durante discursos de la presidenta Cristina Kirchner en cadena nacional, poniendo en evidencia su devoción por el trabajo de los “soplones”.
En realidad, todos los gobiernos precisan de un servicio de inteligencia confiable, capaz de anticiparse a los movimientos del crimen organizado en pos de garantizar la seguridad nacional: éste debería ser su principal objetivo.
Ocurre que a lo largo y ancho del planeta, e incluso en la Argentina, los espías terminan por convertirse en instrumentos de Poder de la clase dirigente de turno, siendo funcionales a sus intereses partidarios a cambios de concesiones y/o recompensas económicas: los “servicios” perciben un sueldo, disponen además de una caja para “gastos reservados” e incluso obtienen ingresos adicionales por “trabajos” por cuenta propia, según pudo averiguar NA de una fuente confiable.
La experiencia del “Lauchón”
Suelen ser variados los negocios paralelos que desarrollan los agentes secretos y que por lo general se ponen en marcha después de una simple pregunta formulada al “cliente” que acude en busca de sus habilidades: “¿Qué querés hacer?”.
Cada intervención de un “servicio” por fuera de sus labores habituales tiene una tarifa predeterminada y que varía de acuerdo con la tarea, detalló la fuente consultada por NA.
Este tipo de ganancias, sumadas a los ingresos que obtienen por sus actividades “en regla”, genera que resulte verdaderamente incierto el monto de dinero que son capaces de embolsar por mes.
Se trata a todas luces de un universo que esconde una enorme complejidad, una complejidad incapaz de desenmarañar con meros enunciados políticos o intenciones de maquillar un de por sí harto demacrado funcionamiento de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), ahora Secretaría de Inteligencia y probablemente Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en un futuro cercano, si prospera el proyecto que impulsa el Gobierno.
Está claro que no alcanza con un cambio de denominación y es muy probable que la Casa Rosada lo sepa. Al menos así lo dejaron entrever las variantes que introdujo en la ex SIDE, en especial, con la salida del hombre fuerte Antonio “Jaime” Stiuso, vinculado a Nisman en la investigación por el atentado a la AMIA.
Lo que no ha quedado en negro sobre blanco aún es la real motivación que llevó al Gobierno a descabezar a la Secretaría de Inteligencia.
¿Qué información secreta se manejaba en Balcarce 50 y que impulsó a Cristina a realizar semejante movida justo antes de que Nisman lanzara su resonante denuncia?
La sospecha de que Francisco Larcher, ex subsecretario de Inteligencia, brindó información errónea sobre la candidatura Sergio Massa en 2013 y que por ese desliz cayó en desgracia con la Casa Rosada resulta casi imperceptible para quienes no tienen hundidos los tobillos en el barro de la política.
Pero si la causa de los cambios en la ex SIDE es meramente política, para fortalecer la figura del general César Milani como informante del Gobierno en una suerte de “interna” entre sectores antagónicos del oscuro mundo de los servicios de inteligencia, es evidente que se trata de una apuesta peligrosa al extremo.
Se necesitan modificaciones de fondo que incluyan tanto a los espías como también a la forma con la que los gobiernos en general y el kirchnerismo en particular se relaciona con los agentes secretos: si al final del camino corren el riesgo de acabar como el “Lauchón” Pedro Tomás Viale, acribillado a balazos por el Grupo Halcón en su casa de Moreno en 2013, es esperable que ese “pozo ciego que desbordó”, como advirtió en estos días el fiscal Carlos Stornelli, siga causando estragos.
(*) Especial para NA
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