El reciente Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) da cuenta que Argentina es el país de mayor consumo mundial de cocaína. Según el informe, el 2,6% de los argentinos entre 15 y 64 años reconoce haber consumido droga, al menos una vez, en el último año.
Hay medidas de política pública de urgente y necesaria aplicación para desbaratar la cadena compleja de actores legales e ilegales intervinientes en el fenómeno del narcotráfico. Resulta prioritario disminuir la tasa de criminalidad relacionada con el narcotráfico brindando una respuesta estatal integral y eficaz, mediante un enfoque multidisciplinario, direccionado a atacar las causas estructurales que le dan origen y las necesidades de la población. Importa asegurar la soberanía territorial en forma plena a partir de la aplicación de los controles migratorios, vigilancia y tráfico del espacio aéreo y marítimo, aplicando la normativa en materia de lavado de activos. El próximo gobierno tendrá por delante una ardua tarea, la de considerar la lucha contra el narcotráfico como una cuestión de Estado, orientando sus acciones a la construcción de consensos necesarios que garanticen el correcto tratamiento del tema.
Debe crearse una agencia especializada en la lucha contra el narcotráfico, dependiendo del Ejecutivo pero sometida a control parlamentario, conformando un cuerpo de élite que abreve en los valores de honestidad, profesionalismo, transparencia, vocación de servicio y rendición de cuentas. Con fuerte control civil, la agencia llevará a cabo sus acciones en el marco de las leyes de Defensa, de Seguridad Interior y de Inteligencia. Para una eficaz labor, deben también incorporarse nuevas tecnologías de alerta temprana y la radarización del Noroeste, la sanción de la ley de derribo y la adquisición de aviones cazas-interceptores.
Es prioritario reforzar los controles de fronteras. Es preciso cumplir funciones estatales también en las zonas internacionales, en terceros países a través de sus funcionarios consulares, migratorios o policiales que aseguren la supervisión de la entrada, permanencia y salida de las personas, extranjeros y nacionales. Es fundamental el combate del tráfico ilícito de estupefacientes y migrantes, así como el control de las operaciones financieras, la confiscación inmediata de los bienes de origen espurio y una mejor calidad de política cooperativa con organismos extranjeros.
La implementación de tales políticas mejorará la ineficiencia actual. Se resolverá el profundo déficit que deviene de la inexistencia de datos estadísticos, así como carencia de evaluación de impacto de las políticas aplicadas. La gestión responsable de una política de seguridad asegurará una baja sostenida de la tasa de criminalidad, tráfico y consumo de estupefacientes, de los episodios de violencia y de tenencia y portación de armas. Será una fuerte señal para combatir la colonización de las estructuras del Estado por parte de los sectores ligados al narcotráfico, presente en algunas provincias.
No alcanzan los slogans de campaña. El flagelo de la droga está entre nosotros y llegó para quedarse, destruyendo vidas, aniquilando sueños de civilidad, de paz y progreso de todos los argentinos.
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