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¿Poder estatal o corporación?

En su inolvidable Notas sobre derecho y lenguaje, el maestro Genaro Carrió ilustraba el contenido emotivo del lenguaje con un divertido ejemplo: no es lo mismo decir “los abogados piden la actualización de su arancel de honorarios”, que “los avenegras pretenden ganar todavía más”. Bajo un supuesto ropaje descriptivo se califica, aprobando o denigrando una proposición. Lo mismo viene sucediendo con los jueces y sus decisiones; eso que hacemos los jueces puede ser descripto como producto de “la justicia”, “el Poder Judicial”, “el juez tal”, o la tan mentada “corporación judicial”, depende de que la decisión guste o no. Por definición, una decisión judicial le va a gustar al que ganó y no a quien perdió, éste criticará al juez y con buenos motivos ya que nadie quiere que no le den la razón. En este contexto, la visión del Poder Judicial como una “corporación” se inscribe dentro de una perspectiva descalificante de las decisiones judiciales; obviamente si la decisión resulta favorable o agrada será de “la Justicia” o del “Poder Judicial”, de no hacerlo será de la corporación judicial. Tan simple como se enuncia. Incluso se lo ha considerado “poder invisible”, aunque su visibilidad en la Constitución exime de cualquier respuesta.
De acuerdo con esta interpretación los constituyentes instauraron un gobierno dividido en dos poderes y una corporación; o en tres poderes y la elección dependerá de cuánto nos guste o no la decisión judicial. Esa “corporación” se contrapone con los poderes elegidos en forma directa por la ciudadanía en comicios, ésta es otra de las descalificaciones usuales, a pesar que nunca se ha propuesto una reforma constitucional en la que los jueces sean elegidos en forma directa por el pueblo. 

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