ENFOQUE

Registro fiscal de operadores de granos: un instrumento cuestionado y temido

El Registro de Operadores de Granos cumple con una función muy importante como es permitir el control del comercio de granos y en consecuencia generar la disminución de la evasión fiscal en el sector.
Resulta impensable impulsar su eliminación, pero es absolutamente recomendable -en nuestro opinión- recoger las opiniones expuestas por la doctrina de importantes y prestigiosos tributaristas y de los planteos presentados ante la justicia por los contribuyentes, tendiente a mejorar sus aspectos controvertidos.
Con ello se podrá lograr que el Registro Fiscal de Operadores de Granos se mantenga como un instrumento eficaz de control de la evasión en el comercio de granos y su aplicación respetará los derechos constitucionales de los contribuyentes.
 De esta manera se logrará que su existencia sea reconocida como útil y necesaria, no solo por el fisco sino también por los obligados al cumplimiento de su normativa, generando de esta manera un círculo virtuoso que permita una fiscalización eficiente, sin que  ello sea un obstáculo para el adecuado desenvolvimiento del mercado granario.
En este sentido voy a analizar el dictado de una sentencia judicial mediante la cual se rechazó la presentación de un recurso de amparo solicitado por un operador, quien había sido excluido del Registro Fiscal de Operadores de Granos, que vuelve a colocar sobre el tapete los cuestionamientos que se han efectuado al mencionado Registro, muy especialmente mediante la opinión de destacados especialistas en la materia.
El operador también solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de la RG (AFIP) 2300/2007 en la causa SIECSA S.A. y otro c/AFIP s/amparo Ley 16.986.
La decisión de rechazo de ambas solicitudes presentadas por el mencionado operador fue el titular del Juzgado Federal de Resistencia (Chaco) N° 1, en el pasado mes de junio del corriente año, en la causa N° 11000531/2013.
Para el Tribunal, la norma “tiene en miras facilitar la identificación de los sujetos involucrados en la comercialización de granos, y de esta forma agilizar el análisis de las operaciones de venta, determinando así, la real capacidad económica y financiera de los operadores, y de producir un más adecuado control de los sujetos que intermedian en la comercialización de granos y legumbres”.
Además “tipifica y expone las condiciones para adherirse y continuar dentro del régimen a cuyo fin establece un catálogo de supuestos que califican como  incorrecta conducta fiscal”.    
En nuestra opinión, el juzgador no ha receptado las observaciones que a través del tiempo se han efectuado al Registro y a ciertas decisiones del Fisco, respecto a la suspensión y/o exclusión de operadores.
Así podríamos mencionar:
a) Reconociendo la enorme importancia que tiene para las rentas públicas, un eficiente control del mercado de cereales y sus operadores, no podemos dejar de subrayar que resulta necesario simultáneamente el cumplimiento de las formas constitucionales que debe respetar cualquier estado de derecho y que se debería sancionar una ley.
b) Es necesario agilizar el trámite de análisis de las solicitudes de inscripción y de reinscripciones al Registro. Los tiempos excesivos y los requerimientos discrecionales de los funcionarios de la AFIP perjudican a los contribuyentes.
De este modo se afecta seriamente la capacidad económica para soportar los desfasajes financieros que provoca la espera, unido a múltiples problemas operacionales para el traslado y comercialización de la producción.
 c) Considero que se debe establecer una graduación en el tiempo de la exclusión del contribuyente del registro de acuerdo a la gravedad de su inconducta fiscal, y no aplicar a todos por igual los doce meses dispuesto por la normativa.
d) Se deben eliminar causales de redacción imprecisa que dejan al arbitrio del funcionario definir si la conducta del contribuyente encuadra en la categoría de “incorrecta”, estableciendo un claro procedimiento administrativo que le permita al operador ejercer el derecho a su defensa previo a cualquier sanción.
e) Suprimir como causal de exclusión, la definida en el inciso b) del Anexo VI ítem 13) de la RG 2300/2007, “Ajustes de fiscalización relevantes: a) No conformados o b) conformados no regularizados o no ingresados”, lo cual implica que si el contribuyente decide ejercer su legítimo derecho a discutir con el
Fisco un ajuste pretendido por este, su decisión es considerada una “inconducta fiscal” y por lo tanto punible.

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