El gobierno consiguió “oxígeno” en su estrategia de ganar tiempo en el juicio contra los fondos buitre, pero analistas estiman que deberá soportar mucha presión financiera hasta saber si consigue eludir finalmente el default.
Los expertos consideran que, si bien se ganó tiempo, en términos de semejante negociación en marcha, es ínfimo.
Vencerá el 30 de julio próximo, cuando se disparen los seguros sobre los pagos de la deuda que establecen las normas financieras internacionales para que un país deudor haga efectivo el pago sin que se lo declare oficialmente en default.
Los especialistas estiman que el Ministerio de Economía tratará de imponer su estrategia para eludir un futuro plagado de juicios por incumplimiento y esperanzarse en que la comunidad internacional y Estados Unidos presionen a favor de la Argentina, aunque ese tipo de mensajes hayan recogido poco eco en el juez Thomas Griesa.
Con una solicitada en los diarios de Estados Unidos, la Argentina buscó ponerse a cubierto de posibles juicios de los bonistas que no reciban su pago, reiterando su mensaje: “Quiero pagar pero no me dejan”.
Buscaría así -sostienen quienes siguen de cerca la causa- establecer que los tenedores de títulos reestructurados responsabilicen legalmente al juez Griesa o al Banco de Nueva York, por un posible incumplimiento de pago, ahora y en el futuro.
Si logra destrabar el embargo y que el depósito llegue a los bonistas, conseguirá otros 60 días más hasta septiembre, que es cuando llegará el momento del próximo pago a títulos reestructurados.
Tras la decisión del juez Griesa, evitar el embargo ahora pasó a depender de los fondos buitres, pero en Wall Street creen que hasta que no vean un pago en efectivo, no abandonarán su tesitura de renunciar al embargo.
Mientras tanto se siguen de cerca las gestiones que realiza el abogado especializado en finanzas Daniel Pollack.
Otro interrogante a tener en cuenta, según los expertos consultados, sobre la estrategia de efectuar un pago a los fondos buitres, es si no se violará la cláusula RUFO (que establece que hasta fin de año no se puede mejorar la oferta del canje para los tenedores de títulos en default).
Si la Argentina efectúa ese pago, por más que esté obligada a hacerlo por una sentencia y no sea violatorio de esa cláusula, nada impide, al tratarse de derecho privado, que los bonistas reestructurados igual inicien juicio poniendo en duda jurídicamente esa situación.
Más allá de la maraña judicial, que pueda surgir, en Economía miran con el otro ojo qué efecto puede traer la presión internacional sobre la justicia y el gobierno norteamericano.
Es que para el mundo financiero, el proceso judicial puede poner en peligro hasta el futuro de Estados Unidos como plaza financiera.
Qué país que deba iniciar una reestructuración de deuda va a elegir a un banco norteamericano para que después tenga que enfrentar en la justicia los problemas que tiene hoy la Argentina.
“Negocios son negocios”, dicen desde algunos bancos norteamericanos, que no ven con agrado el comportamiento judicial de Griesa.
Aunque, al menos por ahora, para funcionarios del Palacio de Hacienda las advertencias de Naciones Unidas y del propio FMI sobre esas resoluciones judiciales, no puedan ser un gran aporte a esta “guerra” financiera con los buitres en el corto plazo.
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