Es conocida la preocupación que todos tenemos respecto de la situación de exclusión social de muchos niños, adolescentes y jóvenes de la provincia de Buenos Aires.
De la misma forma, a todos nos preocupa el actual sistema de educación pública de nuestra provincia.
Y por supuesto, todos estamos muy preocupados y en muchos casos ocupados, por los hechos de inseguridad y de violencia que suceden todos los días en la provincia.
En ese marco, más allá de los anuncios y conferencias de prensa que se realizan desde la Gobernación de Buenos Aires, existe la gestión real, existen los hechos concretos, está la realidad de la acción del gobierno provincial.
Por lo tanto, si observamos los hechos concretos nos vamos a encontrar con un sistema de distribución de los recursos muy malo. El sistema de coparticipación de recursos de la provincia de Buenos Aires es malo, pero desde hace muchos años.
De eso no quedan dudas.
Tampoco quedan dudas de que es difícil modificarlo y no por una única razón, sino por muchas. Fundamentalmente las políticas.
Por lo tanto, en un contexto de estas características, si se actuara de manera racional, normal y de acuerdo a las necesidades de la población, cuando se genera un nuevo recurso, tomar las decisiones correctas no debería ser muy complejo. Pero, en el gobierno de Daniel Scioli, esto no ocurre.
El más claro ejemplo de ello es la distribución del Fondo de Financiamiento Educativo. Este fondo es dinero que los municipios deben invertir en educación, es decir, programas de inclusión educativa, arreglos de la infraestructura escolar, becas y todo lo que la ciudad requiera en dicha materia.
Los fondos de educación que se distribuyen desde el estado nacional se realizan teniendo en cuenta tres indicadores: matrícula, ruralidad y población no escolarizada.
Pero en la provincia de Buenos Aires no. El Fondo de financiamiento educativo se distribuye de acuerdo al mal sistema de coparticipación, que no tiene en cuenta la educación. El sistema de coparticipación surge de los siguientes índices: proporción directa a la población, en forma proporcional a la inversa de la capacidad tributaria per cápita, superficie del Partido, un porcentaje exclusivo es para las Municipalidades que posean establecimientos oficiales para la atención de la salud -con o sin internación- y entre las Municipalidades que cubrieran servicios o funciones transferidas por aplicación del Decreto-Ley 9.347/79.
Por lo tanto, no se tiene en cuenta la matrícula, la cantidad de escuelas, las escuelas rurales, los chicos que no van a la escuela ni la deserción escolar, como así tampoco el crecimiento de la matrícula ni el nivel de los alumnos.
A partir de esta situación la inversión que se realiza en materia del fondo de fortalecimiento educativo es inversamente proporcional a la cantidad de población de entre 3 y 17 años en condiciones de concurrir a la escuela.
Pero si miramos un poco más allá y le agregamos las estadísticas de delitos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil también observamos que la inversión es inversamente proporcional. Es decir, las ciudades donde hay mayor cantidad de alumnos y mayores problemas de delincuencia juvenil son las ciudades que menos dinero reciben para invertir en educación.
La distorsión de la distribución la podríamos denominar obscena o absurda, ya que por ejemplo el municipio de General Guido, con una población de 666 chicos de entre 3 y 17 años, donde se registraron en el año 2012 3 delitos cometidos por menores, recibe $1.881,15 per cápita por el fondo educativo. Mientras que Escobar, con una población en edad escolar de 60.838, y donde en 2012 se registraron 541 delitos cometidos por menores, recibió $147,37 por alumno.
Por lo tanto, cuando se compara el dinero per cápita del fondo educativo, la población en edad escolar y las estadísticas de delitos del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil vemos una terrible distorsión.
Las 75 ciudades que más dinero per cápita recibieron a un promedio de $974,40 por alumnos, suman el 10,64% del total de la población de entre 3 y 17 años, en esas ciudades se cometieron en 2012 el 14,91% de los delitos en los que participaron menores y esas ciudades recibieron el 30,08% del total del fondo de financiamiento educativo durante el 2013.
Mientras que las 35 ciudades en las que viven el 77,45% de los alumnos, donde se cometieron el 70,92% del total de los delitos cometidos por menores de toda la provincia durante el 2012, recibieron el 53,11% de los recursos, a un promedio de $203,68, durante el 2013.
Por lo tanto, podemos ver como las ciudades en donde hay menos necesidades reciben casi 5 veces más de dinero que las ciudades donde viven los niños, adolescentes y jóvenes con mayores conflictos con la ley.
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