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CAMBIOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Nuevo perfil del empleo público

En los últimos años se ha presentado un cambio en la fisonomía del empleo público en la provincia de Buenos Aires, que encuentra su explicación a partir de diferentes variables. El aumento en la cantidad de trabajadores (un 42 % del 2006 al 2014), las demandas a partir de la apertura de nuevos organismos y las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad del empleo y de sus salarios, son algunos de los aspectos que avalan dicha transformación y que al mismo tiempo plantean la necesidad de apartarse de la mirada negativa sesgada al momento de hablar del empleo público.
La provincia de Buenos Aires cuenta hoy con más de 15,6 millones de habitantes, cerca de unos 800 mil más que en 2007 y eso por relación directa entre prestación de servicios (cantidad de médicos, policías, administrativos para atender al público, por poner ejemplos) y cantidad de habitantes explica en parte la demanda de más empleados públicos. Es decir, a mayor cantidad de habitantes, mayor demanda y mayor prestación de servicios públicos. De este modo, se asegura una prestación efectiva de esos servicios. Esto es parte de la lógica de cualquier administración pública. De lo contrario, se desbordaría el sistema.

Salud, educación y seguridad

Asimismo, cabe destacar que desde el comienzo de su gestión, el gobernador Scioli impulsó una serie de políticas públicas direccionadas a fortalecer la salud, la educación y la seguridad en el territorio de la Provincia y esa decisión llevó aparejada la necesidad de sumar recursos humanos en cada una de estas áreas.
La explicación es concreta: del 42 % por ciento que creció el empleo público entre el 2006 y el 2014; más de la mitad estuvo dirigido a las áreas anteriormente mencionadas, lo que dejó en evidencia una suma sustancial en la cantidad de agentes que comenzaron a desarrollar sus actividades en las fuerzas de seguridad, en los hospitales y en las escuelas públicas. El detalle de ese aumento es el siguiente: salud 12.074 (34% de aumento); seguridad 16.653 (35% de aumento); educación 66.444 (42% de aumento).
Y en este sentido, es importante remarcar que del total de empleados de la Provincia que se encuentran previstos en el Presupuesto 2014, el 77,6% corresponden a estas áreas: el 51.6% corresponden a la Dirección General de Cultura y Educación, el 15% a Seguridad y el 11% a Salud.
Otra fracción del crecimiento en la cantidad de empleados públicos está vinculada a la demanda que generó la apertura de nuevas dependencias tendientes a satisfacer necesidades sociales vinculadas a los derechos humanos, el trabajo y la cultura. Por mencionar algunos ejemplos, se concretó el fortalecimiento de la masa de trabajadores en la Secretaría de Derechos Humanos, el Instituto Cultural o en el área de Nuevas Tecnologías en la cartera de Producción.
Asimismo, en el ministerio de Trabajo, desde el comienzo de la gestión de Daniel Scioli, se cuadriplicó la cantidad de inspectores tanto Laborales como de Higiene y Seguridad destinados a la prevención de accidentes y a hacer cumplir la legislación laboral vigente. En la Agencia de Recaudación Provincial (ARBA) también aumentó considerablemente el número de agentes destinados a la fiscalización. Cabe destacar que ambos organismos, a su vez, implementaron una política de descentralización destinada a aumentar la presencia en todos los distritos de la Provincia, lo que también conlleva la incorporación de nuevos agentes en cada dependencia.

Empleados por habitantes

No obstante esto, la provincia de Buenos Aires sigue siendo una de las que menos empleados públicos tiene en relación a la cantidad de habitantes, detrás de Córdoba, Santa Fe y Misiones. Y en este sentido, es importante detallar algunos aspectos vinculados a las mejoras en la calidad del trabajo de los empleados públicos, que se vinculan directamente con políticas impulsadas por el gobernador Daniel Scioli en el transcurso de sus dos gestiones.
Aquí se puede mencionar la creación de la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP), que significó el impulso de la participación de los trabajadores en la mejora de las Condiciones y Medio Ambiente Laboral (CyMAT). El Estado y los gremios trabajando de manera conjunta en políticas públicas vinculadas a la protección de la vida y la salud de los trabajadores, promoviendo ámbitos adecuados y seguros de trabajo con las condiciones que exige la normativa vigente. Este ámbito también se extendió al Servicio Penitenciario Bonaerense y las Policías.
Por otro lado, se creó la Subsecretaría de la Negociación del Sector Público, jerarquizando de esta manera el ámbito paritario para optimizar el tratamiento de los conflictos laborales consolidando la negociación colectiva como herramientas fundamental para la generación de consensos. Los resultados en este aspecto son altamente positivos si se analiza el arribo permanente a acuerdos en el marco de diferentes conflictos. De esta manera, se concretaron 252 acuerdos colectivos y se incrementaron los salarios en el período de marzo de 2008 a diciembre de 2013 en un 251 %.
Otra de las políticas impulsadas por la actual gestión está vinculada con lograr el cumplimiento del cupo del 4% de personas con discapacidad dentro de la plantilla de trabajadores en los organismos del Estado, potenciando así la inclusión y la dignificación de los trabajadores.
En otro sentido, el gobierno provincial determinó el “blanqueo” de las URPEs, que en su momento fue retroactivo a marzo de 2010, transformando así esos ingresos en bonificaciones remunerativas no bonificables, constituyendo parte del salario de los trabajadores. Esta medida se acordó en el ámbito paritario y alcanzó a todos los trabajadores de la Provincia que poseían este ingreso.
Otro avance fue el pase a planta de 7 mil becarios del ámbito de la Salud que permanecían desempeñando sus tareas en concepto de becarios. De esta manera, se formalizó la actividad que se venía desempeñando en forma precaria y se logró así fomentar el trabajo decente y de calidad en un área sensible.
En conclusión, el detalle de estas políticas, constituye la explicación acerca del cambio de fisonomía del empleado público y da cuenta de la necesidad de dejar de lado la mirada negativa sesgada que existe del empleo público.


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