Si bien es cierto que no hay muchas razones para asombrarse, el último grito de guerra del Gobierno provocó escalofríos y hasta incredulidad en la capital del país y en otros centros urbanos. Los batallones gerenciales de La Cámpora desataron sobre fines de la semana una campaña de agit-prop pidiendo a la población un “apagón del consumo” para castigar a las empresas cuyos propietarios son considerados enemigos. Chavismo puro y duro, pero ¿cómo hace para pedir cero consumo un gobierno cuya retórica pro-consumo es el alfa/omega de sus desvelos ideológicos? Otra vez lo hicieron.
La devaluación la iba a hacer otro gobierno, anunció tiempo atrás Cristina Kirchner, pero la hizo éste, y fue una macro depreciación. El consumo era la razón oficial por la que justificaba haber cebado hasta el paroxismo la capacidad adquisitiva de la sociedad, aun al precio de que fuera una operación esencialmente insustentable e inflacionaria. Ahora, la guardia de hierro camporista llama a la guerra de clases, ya sin sutilezas. Los carteles de Unidos y Organizados en las calles de la Capital se complementaron con pintadas de un Partido Comunista ahora llamado Congreso Extraordinario, las hilachas terminales del viejo stalinismo criollo. “Conocelos. Estos son los que te roban el sueldo” dicen en su lema principal, y agregan: “Aumentó el precio de todo para sacarte la plata a vos”. Los condenados al escrache son Alfredo Coto, Juan José Aranguren (Shell), Daniel Fernández (Carrefour), Liliana Frávega, Matías Videla Sola (Jumbo) y Horacio Barbeito (Wal Mart). Sacado del gobierno por cirugía estética de urgencia, Guillermo Moreno sigue siendo numen. Hacen ahora lo que le hizo Luis D’Elía a Shell por órdenes de Néstor Kirchner años atrás.
Consumo sin consumir
Convocan a un “apagón de consumo” mediante las redes sociales y piden boicotear las compras. Es casi imposible encontrar a escala mundial una operación política tan esencialmente irracional. ¿Reducir el consumo desde el Gobierno como manera de domar la temible inflación? La Argentina retrocede a velocidad intensa. Lastimosamente pasado por encima en la abortada profesionalización del ese invento de matriz teórica mussoliniana que es “Fútbol para Todos”, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, asegura ahora que “es absolutamente necesario apoyar la soberanía del consumidor, y una de las condiciones básicas consiste en no comprar en comercios o empresas donde el valor del bien se incrementó en modo desmesurado”. De inmediato de sus labios salió la consigna del vigilantismo más retrógrado: “cada argentino tiene que actuar en defensa propia”. Un país donde la intimidación y el peligro acechan a las empresas, en el marco de una economía hambreada de inversiones e incapaz de dar señales de confianza, se convierte ahora en una sede regional cada vez más cercano a la praxis chavista.
En este marco, la presentación “espontánea” del vicepresidente Amado Boudou, que llevó el viernes dos escritos ante el juez Ariel Lijo, fue la respuesta de Cristina Kirchner al pedido de indagatoria emanado del fiscal Jorge Di Lello, en la causa de la ex imprenta Ciccone Calcográfica, surgida del vidrioso “salvataje” de la imprenta que fabrica billetes y el ulterior traspaso de su capital accionario al igualmente misterioso fondo The Old Fund.
La lectura del pedido de indagatoria del fiscal Di Lello exhibe pruebas que demostrarían que Boudou y el jefe del director general de la AFIP, Ricardo Echegaray “se interesaron” por la suerte de la imprenta que fabrica papel moneda, algo que -en caso de terminar acreditándose- implicaría una explícita violación de la ley. Al margen de las espesas cortinas de humo de un gobierno que vive victimizándose ante supuestos “linchamientos mediáticos”, lo tangible es que Boudou y Echegaray intervinieron en favor del levantamiento de la quiebra, el primero en su condición de ministro de Economía, además, según el fiscal, de ser cuestionado porque se habría reunido con los Ciccone, sus dueños originales. ¿La hipótesis? Negociar el traspaso.
Respecto de Echegaray, se asegura que le concedió a la imprenta un discriminatorio plan de pagos extraordinario, diferente de los otros 1363 esquemas de facilidades otorgados por la AFIP, según Di Lello. Para el fiscal Boudou y Echegaray debían ser citados a declarar como acusados del delito de negociaciones incompatibles con sus cargos. No es una acusación menor; contempla de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, algo que, en caso de ser condenados, les impediría ejercer cargos públicos.
Todos al fútbol
Mientras organizaba un muy bolivariano escrache a empresas y diseñaba la defensa ante el maremoto contra Boudou, el Gobierno tuvo tiempo para dar la batalla por el fútbol “para todos”, la más demagógica y taquillera de sus invenciones. El Gobierno se zambulló en una batalla de mediocridad infinita, convocando primero y echando después a Marcelo Tinelli, un poderoso e influyente empresario que siempre cultivó y mantuvo vínculos cordiales con el kirchnerismo, pero a quien La Cámpora le cerró ahora el camino porque se proponía un esquema de TV más profesional y neutro que el batifondo oficialista pergeñado por el Gobierno desde que estatizó de facto a la AFA y a los clubes.
Marcelo Tinelli, Fútbol para Todos, Julio Grondona y el verdadero grupo gobernante (La Cámpora) se enfrascaron así en una violenta puja de la que no estuvo ausente la siempre elocuente Hebe Bonafini, que -con vulgaridad casi prosaica- vociferó que la transmisión del fútbol por TV era para hacer política y no para ganar plata. Cuando Tinelli, que de audaz y rupturista en política no tiene nada, ironizó a Bonafini, Cristina Kirchner dijo c’est fini y le bajó el pulgar.
El fútbol “gratis” por TV ha sido y sigue siendo la bala de platino de la propaganda kirchnerista. La Cámpora impuso, entre otras cosas, la continuidad en las transmisiones de los llamados “periodistas militantes”, algo aceptado por Tinelli. Pero no alcanzó. La férrea guardia camporista saboteó propuestas modernizantes de Ideas del Sur, la productora de Tinelli, y hasta objetó un nuevo logo del programa.
A estas bajezas infinitas ha descendido la agenda política argentina. Más que Antonio Gramsci, Toni Negri o Michel Foucault, aquí lo que se discute es Marcelo Araujo y su troupe. Autotitulados herederos de Rodolfo Walsh, los bien remunerados gerentes del camporismo sufren y se angustian por el negocio ideológico del fútbol.
Se sostiene por ejemplo que el ¿ex? maoísta Carlos Zannini habría favorecido a la empresa Torneos & Competencias y a Grondona al comprar los derechos de TV del Mundial de Fútbol (en poder de T&C) por 26 millones de dólares. Se argumenta que Grondona se los podría haber cedido en forma beneficiosa al Estado (un socio al que le cobra 1.700 millones de pesos por año por las transmisiones). ¿Fútbol gratis? No en la Argentina.
Ya en 2009, Cristina Kirchner había acusado a T&C y a Clarín (aliados en TSC), de ser “los secuestradores de los goles”. Paradoja deliciosamente nacional y popular: los otrora “secuestradores de goles” no sólo cobrarán derechos por el Mundial de Brasil.
También desplegarán sus periodistas, remunerados por el Estado, que pagará los sueldos y transmitirán sus partidos y los del Torneo Final de fútbol local. Capitanich siguió mirando para otro lado, ya perdido todo vestigio de credibilidad, y dijo “quiero terminar con las operaciones alevosas de que hay una supuesta injerencia de La Cámpora. Sus integrantes son compañeros que nos ayudan a trabajar por un país mejor”. ¿Supuesta injerencia?
Conspiradores y naftas
Son eslabones de una misma cadena. Tras volver a castigar a Shell, su enemigo favorito, por aumentar sus precios en casi un 12%, el Gobierno admitió que YPF aumente hasta un 8% el precio de los combustibles, superando explícitamente ese supuesto “máximo” de 6% anunciado por el ministro de Economía Axel Kicillof. Hasta ayer sábado a la mañana Shell no había reducido el importe en sus estaciones. Kicillof había dicho el miércoles, cuando anunció el “tope de 6%”, que “aquellas firmas que hayan aumentado por encima de ese porcentaje (6%) deberán retrotraerlo hasta el tope establecido”. Hablaba de Shell. Oil, la petrolera de Cristóbal López (cuya imagen pública es Tinelli) también aumentó sus precios entre 7% y 8%. Los aumentos de YPF se produjeron pocas horas después de haber acusado a Shell de atentar contra el país y motorizar una conspiración golpista. ¿Shell es “golpista” porque aumentó 4% más que YPF?
En todos estos capítulos de una saga que se renueva día a día, se advierte un denominador común. Hay, por de pronto, una lucha interna apenas solapada, pero muy salvaje, dentro del Gobierno. La primera línea de la vanguardia operativa encabeza el pelotón, irremediablemente chavista en los hechos. Su prescripción es profundizar, radicalizar y confrontar. En el curso de esa peripecia, la Argentina sigue exhibiendo un portentoso récord de mala praxis gubernamental y perjuicios consigo misma fabricados por la tozudez y la antigüedad ideológica del Gobierno.
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