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Municipales con salarios deprimidos
Los empleados de las comunas luchan contra realidad laboral que no cambió ni con la expansión económica del país
Los conflictos salariales comenzaron a cobrar fuerza en el arranque de 2014 en los municipios de casi todo el país debido a la "urgente" necesidad de un aumento salarial de los trabajadores, que padecen precarización laboral y sueldos deprimidos ante un permanente incremento en el costo de vida.
El empleo público es el que más creció en la última década, y ahora esa realidad se convirtió en un bumerán conflictivo.
El apuro de los reclamos está dado no sólo porque los salarios son bajos sino también porque las mejoras obtenidas en 2013 se vieron erosionadas por una inflación que para las consultoras privadas estuvo entre el 24 y 27 por ciento, mientras que para el INDEC fue sólo del 10,9%.
Un escenario que se repite -incluso en los últimos años de expansión económica en la Argentina- se vio ya en los primeros días de enero: marchas en calles de los pueblos, quema de cubiertas, amenazas de medidas de fuerza, paros ya concretados de dos semanas y hasta cortes de ruta.
En algunos casos, los gremios que representan a estos trabajadores se ven obligados a pelear desde muy abajo, dado que en la mayoría de las comunas priman los contratados a plazo, los empleados no registrados y los tercerizados, sobre todo en áreas de servicios públicos como la recolección de residuos.
Pero la situación llega hasta límites insospechados en comunas como la de Paraná, en Entre Ríos, donde existen los operarios "ad honorem", que sólo cuentan con el compromiso político del gobernante de turno de ser incorporados a la nómina salarial algún día.
Existe una fuerte dispersión de los niveles salariales en todo el país: mientras que el promedio en el nordeste es de 3.600 pesos, en el noroeste es de 4.000 y en el sur de la Argentina, alcanza a los 5.000 pesos, aunque allí el costo de vida es mucho más alto.
Las nóminas salariales de los empleados municipales rayan la línea de la pobreza: si bien para el INDEC la Canasta Básica cuesta unos 1.783,63 pesos, las góndolas reales demandan -según consultoras privadas y el gobierno porteño- un gasto de 4.500 pesos en adelante para llenar el changuito en el supermercado, pagar el transporte, los servicios y demás.
La situación afecta a miles de trabajadores: el 30 por ciento de la masa salarial pagada en la economía de la Argentina es de trabajadores públicos, de los cuales el 26% depende de la Nación, el 60% de los estados provinciales y el 14%, de los municipios.
Apretados por las deficitarias cuentas públicas y el alza en los costos operativos, los intendentes, muchas veces, resuelven aumentar en forma unilateral los salarios sin llamar a paritarias, lo que impide a los trabajadores expresar sus reclamos, por ejemplo, mejores condiciones laborales.
Incluso en octubre último la Confederación de Trabajadores Municipales de la Argentina presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo por el incumplimiento del Estado Argentino a los Convenios 151 y 154 que exigen la vigencia de la Negociación Colectiva en el sector público.
La misma relación de dependencia, según la sintonía política que la Nación aplica a las provincias, los gobernadores bajan a los intendentes, por lo que algunos jefes comunales obtienen transferencias extraordinarias para subir salarios y otros se tienen que acotar a la coparticipación.
Según datos oficiales, el 75 por ciento de los 2.164 municipios de la Argentina destinan hasta el 80 por ciento de sus recursos al pago de salarios, y el 10 por ciento no llega a fin de mes con la recaudación impositiva propia, por lo que necesita asistencia financiera de la provincia.
Esa situación ocurre principalmente en los 1.591 municipios catalogados como chicos y muy chicos (de entre 1 y 9.999 habitantes), y se extiende más levemente a los medianos, donde la cultura del pago de impuestos se ve socavada por la evasión de los más pudientes y la imposibilidad de los pobres.
La realidad laboral de los municipales es cruel y lo alarmante es que las mejoras estructurales para este sector de la economía no llegaron ni siquiera en los últimos años de expansión económica.
El empleo público es el que más creció en la última década, y ahora esa realidad se convirtió en un bumerán conflictivo.
El apuro de los reclamos está dado no sólo porque los salarios son bajos sino también porque las mejoras obtenidas en 2013 se vieron erosionadas por una inflación que para las consultoras privadas estuvo entre el 24 y 27 por ciento, mientras que para el INDEC fue sólo del 10,9%.
Un escenario que se repite -incluso en los últimos años de expansión económica en la Argentina- se vio ya en los primeros días de enero: marchas en calles de los pueblos, quema de cubiertas, amenazas de medidas de fuerza, paros ya concretados de dos semanas y hasta cortes de ruta.
En algunos casos, los gremios que representan a estos trabajadores se ven obligados a pelear desde muy abajo, dado que en la mayoría de las comunas priman los contratados a plazo, los empleados no registrados y los tercerizados, sobre todo en áreas de servicios públicos como la recolección de residuos.
Pero la situación llega hasta límites insospechados en comunas como la de Paraná, en Entre Ríos, donde existen los operarios "ad honorem", que sólo cuentan con el compromiso político del gobernante de turno de ser incorporados a la nómina salarial algún día.
Existe una fuerte dispersión de los niveles salariales en todo el país: mientras que el promedio en el nordeste es de 3.600 pesos, en el noroeste es de 4.000 y en el sur de la Argentina, alcanza a los 5.000 pesos, aunque allí el costo de vida es mucho más alto.
Las nóminas salariales de los empleados municipales rayan la línea de la pobreza: si bien para el INDEC la Canasta Básica cuesta unos 1.783,63 pesos, las góndolas reales demandan -según consultoras privadas y el gobierno porteño- un gasto de 4.500 pesos en adelante para llenar el changuito en el supermercado, pagar el transporte, los servicios y demás.
La situación afecta a miles de trabajadores: el 30 por ciento de la masa salarial pagada en la economía de la Argentina es de trabajadores públicos, de los cuales el 26% depende de la Nación, el 60% de los estados provinciales y el 14%, de los municipios.
Apretados por las deficitarias cuentas públicas y el alza en los costos operativos, los intendentes, muchas veces, resuelven aumentar en forma unilateral los salarios sin llamar a paritarias, lo que impide a los trabajadores expresar sus reclamos, por ejemplo, mejores condiciones laborales.
Incluso en octubre último la Confederación de Trabajadores Municipales de la Argentina presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo por el incumplimiento del Estado Argentino a los Convenios 151 y 154 que exigen la vigencia de la Negociación Colectiva en el sector público.
La misma relación de dependencia, según la sintonía política que la Nación aplica a las provincias, los gobernadores bajan a los intendentes, por lo que algunos jefes comunales obtienen transferencias extraordinarias para subir salarios y otros se tienen que acotar a la coparticipación.
Según datos oficiales, el 75 por ciento de los 2.164 municipios de la Argentina destinan hasta el 80 por ciento de sus recursos al pago de salarios, y el 10 por ciento no llega a fin de mes con la recaudación impositiva propia, por lo que necesita asistencia financiera de la provincia.
Esa situación ocurre principalmente en los 1.591 municipios catalogados como chicos y muy chicos (de entre 1 y 9.999 habitantes), y se extiende más levemente a los medianos, donde la cultura del pago de impuestos se ve socavada por la evasión de los más pudientes y la imposibilidad de los pobres.
La realidad laboral de los municipales es cruel y lo alarmante es que las mejoras estructurales para este sector de la economía no llegaron ni siquiera en los últimos años de expansión económica.