La cadena del maíz necesita políticas que incentiven la producción. El mundo atraviesa un vertiginoso período de cambios que en los últimos años fueron transformando al maíz en el grano más cultivado del mundo.
La sustitución de las fuentes de energías fósiles por renovables y la mejora en la dieta de los países más pobres se organiza a nivel mundial a partir de la cadena del maíz.
El grano de maíz se ha convertido en el insumo clave para una creciente variedad de industrias, que abarcan desde su uso como alimento humano y forraje para las producciones de carne o leche, hasta su procesamiento industrial en plantas de alta complejidad mecánica, química o biológica.
Su producto final puede ser un alimento, un biocombustible o un insumo para producir productos químicos de alta complejidad como los biomateriales.
Nuestro país está en una posición particularmente ventajosa para beneficiarse de esta coyuntura. Es bien conocida nuestra inmensa riqueza en recursos naturales de creciente valor estratégico para un mundo que hace un mayor uso de los recursos y procesos biológicos como base para sus actividades.
Además, tenemos una gran experiencia en cuanto a la utilización de las nuevas biotecnologías en los procesos productivos, que nos han representado importantes beneficios económicos, sociales y ambientales.
La cadena del maíz constituye un pilar fundamental para el desarrollo de Argentina por su contribución positiva a la actividad económica y las exportaciones y por el significativo impacto que tiene sobre la generación de empleo, los ingresos fiscales y la sostenibilidad del sistema productivo.
Es así que la única manera de aumentar nuestros aportes a la sociedad es generando riqueza a partir del incremento en la producción de maíz y su creciente cantidad de subproductos alimentarios y energéticos, cuya demanda crece exponencialmente.
Sin embargo, la concreción de tales objetivos es una tarea que requiere sinergia entre los actores del sector privado y de un Estado que actúe como motor de las iniciativas privadas, con políticas que incentiven la producción, desarrollen las industrias que utilizan nuestros insumos, ayuden a abrir mercados y estimulen la complementación agroindustrial.
En nuestro país el cultivo de maíz atraviesa hoy una crisis formidable, fruto de la pesada carga impositiva y los crecientes problemas comerciales.
Es clave revisar la presión fiscal, a nivel nacional, provincial y municipal, a la que está sometida la producción.
Además, el normal y transparente funcionamiento de los mercados y la eliminación de los derechos de exportación aplicados al maíz y a todos los productos de la cadena es fundamental para lograr la expansión del cultivo, aumentando sensiblemente la generación de valor agregado y riqueza en el interior del país, a través de su desarrollo en zonas de menor productividad.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) publicó un estudio que demuestra que eliminando las retenciones al maíz gana la producción, gana la industria y gana el país.
En su informe, FADA muestra los beneficios que derrama la cadena de valor del maíz en la economía argentina y en la generación de empleo.
Habitualmente se argumenta que la eliminación de las retenciones puede generar un incremento del precio interno de los alimentos. No obstante, si tomamos como ejemplo el caso de la carne vacuna, derivado del maíz, vemos que ninguno de los principales países exportadores de carnes (Brasil, India, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, entre otros) aplican retenciones a las exportaciones de maíz.
Es fundamental seguir consensuando estrategias y acciones, entre los sectores público y privado, para superar las barreras para el corto, mediano y largo plazo que se interponen al desarrollo de esta cadena de valor y que necesitan políticas activas y claras que corrijan los efectos distorsivos que afectan la competitividad del sector más activo de la economía y el de mayor saldo de balanza comercial.
Tenemos que fortalecer nuestras instituciones, volver a pensar en el largo plazo y continuar con el diálogo y la búsqueda de consensos, tanto entre los diferentes sectores de la economía como entre el sector privado y el público.
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