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¿Trasladar la capital es banal y faraónico?

La capitalidad del Estado constituye una situación problemática en muchos países, y en una mayoría de ellos la cuestión se ha resuelto con criterios preponderantemente históricos. Por esa razón los traslados son todavía una excepción. En el caso argentino, volver a poner en discusión el traslado de la capital tiene un aspecto decisivamente ventajoso: discutir nuestro orden territorial, particularmente desequilibrado.

Si pensamos el traslado de la capital como una decisión política aislada, no será más que un capítulo de las infinitas iniciativas faraónicas que jalonan nuestro devenir, incluso pudiendo transformarse en un dispendio de esfuerzos mal enderezados. 

En cambio si nos valemos de este debate para  pensar cómo aprovechamos (y cuidamos) nuestros activos territoriales, cómo integramos espacios no sólo con criterio mercadista, sino como espacios para una vida digna, estamos frente a un desafío generacional que merece ser asumido. 

Para ello debemos concentrarnos en qué aspectos de la gestión pública han incidido en nuestro desequilibrio territorial, porque creer que ha sido la capitalidad porteña la única causante del atraso de vastas zonas del país es una simplificación que nos puede llevar al error.

Las razones de la movilidad, el arraigo de las personas y las condiciones del desempeño económico-territorial a largo plazo están estudiadas y las concentraciones metropolitanas tienen explicación.

En el caso argentino, hay factores que han tenido una gran incidencia y que de no desmontarse harían del traslado de la capital un hecho banal: 

a) el tratamiento fiscal diferenciado a actividades con distinta ubicación geográfica (¿no es más conveniente y económico para Cuyo o para el Alto Valle quitar las retenciones al vino o a la pera que trasladar la capital? 

b) La desequilibrada inversión en infraestructura (un servicio ferroviario adecuado para cargas y pasajeros es una iniciativa menos problemática e igualmente útil para el Oeste bonaerense y el sur de Córdoba). 

c) La ubicación de los servicios públicos de complejidad, poniendo en cuestión el modo arbitrario en que muchas veces se decide su instalación. 

d) Los flujos financieros: hay un país ahorrador que financia el gasto corriente de las grandes ciudades, mientras los emprendedores del resto del país no pueden acceder a crédito. 

e) La distribución de competencias fiscales y recursos en gobiernos provinciales y locales. La lista podría seguir. 

Lo relevante es entender dos cuestiones para enriquecer el debate: que, por un lado, la imagen que nos devuelve el territorio es un resultado de políticas y no un hecho de la naturaleza inmodificable; y que por otro, su modificación requiere de capacidades técnicas y de una voluntad política sostenida durante largo tiempo, por tanto no debe manipularse de un modo ocasional o populista.

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