Las reformas chinas

China acaba de decidir profundizar sus reformas a favor de la supremacía del mercado por sobre el Estado en materia de asignación de recursos de la economía. Paralelamente, encara dos reformas políticas: el cierre progresivo de los campos de reeducación por el trabajo y la descentralización para evitar que los ciudadanos del interior del país deban acercarse a Pekín cuando se enfrentan a alcaldes o gobernadores.
Históricamente, los “terceros plenarios” de cada era del Comité Central del Partido Comunista chino, deparan cambios de importancia en el rumbo que decide la conducción política del país. El que acaba de finalizar en los salones del Palacio del Pueblo, frente a la célebre Plaza Tiananmen, en Pekín, continúa la costumbre.
Fue el Tercer Plenario de diciembre de 1978, el que sepultó la Revolución Cultural maoísta. En aquella ocasión, DengXiaoping archivó la lucha de clases y juzgó imperativos a la modernización y el pragmatismo.
El Tercer Plenario del otoño de 1993 desmanteló parte de las sociedades de Estado y fijó las bases para la existencia de un moderno sector bancario. El Tercero del 2008 impulsó una mayor convergencia entre la moderna China urbana y el tercermundista sector rural.
Ahora, del brazo del jefe del partido y del Estado, Xi Jinping, la conducción decidió “tratar correctamente las relaciones entre el gobierno y el mercado a fin de que este último juegue un rol decisivo en la asignación de los recursos”.
Absolutamente impensable de las épocas de Mao Tsetung: un partido comunista que pone en retirada al Estado y fomenta el mercado.
Hoy día, en China, los círculos liberales y empresariales acusan al sector estatal de inmiscuirse en las cuestiones económicas, particularmente a nivel local y, en consecuencia, culpable de la disminución del ritmo de crecimiento económico del país.
Toda esta retórica es el preludio del “asalto” de los capitales privados sobre el sector público que aún es de enorme importancia. Privatizar las empresas públicas y atacar las prerrogativas del Estado equivale a “meterse” con las “vacas sagradas” que defienden los últimos guardianes de la ortodoxia comunista.
Equivale, además, a combatir la corrupción. Una corrupción que alcanza, en China, proporciones inusitadas para los standards de los países desarrollados. Y que “sirvió” para condenar recientemente a Bo Xilai, jefe del partido Comunista de Shanghai, y cabeza de la resistencia marxista ortodoxa.

La economía

El principal problema que se plantea la dirección china es escapar a la trampa del ingreso medio. Es lo que se denomina la estabilización del crecimiento en una etapa intermedia que impide alcanzar el mote de “país de altos ingresos”.
Hoy, el ingreso chino por habitante es de 6.000 dólares anuales, algo menos de la mitad de lo requerido para convertirse en un país de altos ingresos: 12.616 dólares anuales por habitante.
Para ello, entre otras cosas, el plenario autoriza la instalación de bancos extranjeros.
Pero China además enfrenta otros problemas como la aún inexistente propiedad privada de la tierra. La colectivización de las tierras rurales impide, entre otras cosas, un mayor flujo de migraciones campesinas, ya que al no ser dueños de las tierras que laboran no pueden venderlas para acceder a una vida urbana.

¿Y  la política?

Desde la política, los cambios son casi paupérrimos. La democracia como sistema de elección popular de autoridades en absoluta libertad continúa a la espera de tiempos mejores y la República, como estado de derecho e independencia de los poderes, queda en la lontananza.
De momento, el cambio se limita a una mejoría en los derechos humanos como ser la supresión –paulatina- de “los campos de reeducación para el trabajo”, eufemismo que significa campos de concentración donde los opositores son internados, junto a los llamados “delincuentes menores”.
Estos campos existen desde 1957. Más grave aún que su existencia es que la internación de un ciudadano no se produce como consecuencia de una sentencia judicial. Es una simple decisión policial.
Son contabilizados, actualmente, un total de 350 campos en todo el territorio chino con una población de entre mil y dos mil prisioneros cada uno. Es decir, alrededor de medio millón de personas sin acusación judicial, ni sentencia, no goza de libertad ambulatoria.
Desde lo social, China abandona la idea obligatoria del hijo único por pareja, algo que no se debe equiparar con la libertad para la planificación familiar, sino solo con la ampliación a dos niños por pareja en algunos casos. Ya funcionaba para los miembros de las minorías étnicas, para los campesinos con primogénito mujer y con los matrimonios de hijos únicos. Ahora se amplía a los matrimonios donde uno de los cónyuges es hijo único.
Sobre este punto, el problema radica en que fue tan exitosa la política del hijo único durante los treinta años de su vigencia que hoy la población china envejece sin reemplazo. Algo que represente un grave problema en materia económica dado el menor peso relativo del sector activo frente al pasivo. Las estadísticas oficiales hablan de 281 millones de abortos legales y de 516 millones de operaciones de colocación de anticonceptivos y esterilizaciones en las tres décadas.
Y nada más. Nada de cuanto reclaman por Internet millones de chinos, sobre todo aquellos que ya integran una clase media educada. Nada de liberalización política. Xi abre el juego en economía pero no pone en riesgo la supremacía en el poder del Partido Comunista.
Hace treinta y cinco años, la demanda de democracia llevó a los trágicos sucesos de la Plaza Tiananmen. Por aquel entonces funcionaban los llamados “dazibaos”, que eran grandes letreros escritos a mano y pegados en determinados lugares de las ciudades, donde los chinos expresaban sus inquietudes, fundamentalmente en materia de apertura política.
Los dazibaos de ayer es el Internet de hoy. Si la jerarquía del Partido Comunista, y Xi en particular, no prestan atención, probablemente lleven al país a fuertes sacudones que pueden liquidar su vigencia como dirigentes.

Nepal

Nada trató el Plenario del Partico Comunista chino en materia de cuestiones étnicas. Ignoró, como es su costumbre, los reclamos de tibetanos del Tibet y de uigures del Xinjiang.
Cuestión étnica que constituye el desafío mayor en no pocos países del Asia y de otros continentes. Uno de ellos es Nepal donde se acaba de llevar a cabo una elección de diputados constituyentes que deberán dotar al país de una nueva constitución.
La cuestión central es si adoptará o no un sistema federal de gobierno. Hasta hoy, el ex reino de Nepal, ahora república gobernada por un partido comunista maoísta, mantiene un centralismo que no reconoce autonomías, ni particularismo para ninguna de las 60 etnias y castas diferentes que conforman la población de este país del Himalaya.
Según la división en castas del hinduismo, los “chhetri” –guerreros- constituye el grupo más numeroso con el 17 por ciento de la población. Seguido por los “bahun” –brahmanes, sacerdotes- con el 12 por ciento y los “newars” -5 por ciento-, primeros habitantes del valle de la capital, Katmandu. Todo ellos, en teoría, favorables al centralismo. Del otro lado, pueblos como los “Tharu”, “Sherpas”, “Tamangs”, “Gurungs”, “Kiranti” y “Magar”, por citar los principales, prefieren un federalismo, lo más atenuado posible.
 Es que Nepal conforma la conjunción de dos mundos: el indoario y el mongol.
Nada sencillo para vivir y planificar un destino común.