Asignación Universal por Hijo: a evaluar

La CEPAL habla de la “matrificación”de las políticas sociales, ante el predominio de la idea de la mujer madre como la única beneficiaria “legítima” de la ayuda brindada por el Estado. Así, encontramos que la mayor herramienta de combate a la pobreza que tiene Argentina (y varios países de la región) son los programas de transferencias condicionadas de ingreso que ponen en el centro de la discusión cuánto deben hacer las madres por sus hijos para recibir esos ingresos (básicamente, llevarlos a las escuelas y a los centros de salud de manera regular, independientemente de las condiciones de prestación de estos servicios).
Estas políticas han incrementado el tiempo de cuidado de las mujeres al integrar nuevas tareas como obligatorias a la vida familiar, que caen sobre sus espaldas por cuestiones culturales. No se incrementa la autonomía femenina y no se remueven barreras de equidad, sino que así se refuerzan mecanismos de aislamiento de las mujeres al interior del hogar. En Argentina, la Asignación Universal por Hijo (AUH) encarna esta decisión política con una gran cobertura: cerca del 50% de la población en situación de pobreza del país lo recibe. Actualmente, con más de tres millones de niños cubiertos, la AUH ha logrado una reducción drástica de la indigencia, cuya tasa cayó más del 50%.
Pero ha tenido efectos no suficientemente explorados sobre los embarazos de las mujeres potenciales receptoras de este beneficio y, en general, sobre la procreación responsable, así como sobre la forma en que las mujeres distribuyen su tiempo en actividades dedicadas a la familia, a sí mismas o al mundo del trabajo.
Recientemente, en un programa semejante en Uruguay se ha decidido hacer una revisión en profundidad del cumplimiento de las condiciones de escolarización y salud de los beneficiarios y se ha decidido dar de baja muchos beneficios por incumplimiento. Este tema ha tenido un debate muy grande en la sociedad y en la elite política uruguayas. La pregunta central ha sido: ¿debe penalizarse a quien no cumple, retirando el beneficio y por, consiguiente, penalizando a sus hijos, o hay que proceder analizando los porqués de los incumplimientos y resolverlos en beneficio de los menores?
Se debatió cuánto pesaban estos requisitos en el uso del tiempo de las madres y hasta qué punto “recargaba” el rol de las mismas como cuidadoras no rentadas, y se penalizaba a las que trabajaban y por consiguiente no tenían tiempo de llevar a los niños a los controles de salud. Nuestro país debería realizar un esfuerzo económico para efectuar una evaluación de impacto de esta política pública, con un criterio multidimensional, explorando los efectos por tramos de edad, niveles educativos, localización geográfica, tamaño de los hogares.
Más de dos tercios de los receptores de la AUH son mujeres y no sabemos aún qué cambios ha provocado la AUH en sus vidas, además del obvio impacto de mayor disponibilidad de recursos. Si deseamos evitar la tentación malthusiana de asociar este programa a la generación de familias vulnerables, tendríamos que proponer modificaciones que ataran las condiciones al acceso de las mujeres a atención ginecológica y a métodos anticonceptivos de manera fácil y económica. Beneficios no sólo para los hijos sino para las mujeres.